España recibió el jueves el visto bueno de Bruselas al sexto pago parcial de fondos Next Generation, inicialmente previsto de 6.500 millones de euros, pero que se quedaron en 5.700 millones al no cumplir todos los compromisos, según Bruselas. De los 6.500 millones previstos en este sexto tramo, 5.500 son subvenciones a fondo perdido y 1.000 millones en préstamos blandos.
Esto es importante, porque de los 140.000 millones de euros inicialmente asignados a España por Europa -recuerden la escena de Pedro Sánchez aclamado por sus ministros cuando volvió de Bruselas, en julio de 2020-, 80.000 millones eran subvenciones a fondo perdido y el resto, préstamos blandos.
Pues bien, de esos 80.000 millones, España ya ha recibido alrededor de 61.000 millones. Insistimos, dinero a fondo perdido, que ni hay que devolver ni computa como deuda pública, aunque esto tiene trampa, porque es dinero público europeo que ya hemos financiado todos los contribuyentes del continente, incluidos los españoles.
Pero, a lo que vamos: la empresa más beneficiada de esas subvenciones europeas ha sido Adif, que ha percibido algo más de 8.300 millones de euros en total, que se dice pronto. De ellos, unos 5.800 han ido a la Alta Velocidad y los otros 2.500 millones a la red ferroviaria convencional.
La pregunta al ministro Óscar Puente sale sola: ¿Dónde ha ido a parar todo ese dinero? Porque la recepción de esos millones coincide con el peor momento de la historia del ferrocarril en España, no sólo del AVE, accidentes incluidos, sino también de la media distancia y de Cercanías.
Sí, nunca antes el ferrocarril había tenido tanto dinero disponible -los 8.000 millones mencionados se suman a los casi 10.000 millones destinados en los Presupuestos de 2023, actualmente prorrogados- y nunca antes el servicio había sido tan desastroso.