Más laudos de renovables, otro desastre del PSOE... y también del PP. El déficit de tarifa que disparó Zapatero no se liquidará hasta 2028

Los laudos de las renovables siguen creciendo, otro desastre de PSOE y PP que afrontan los contribuyentes españoles. Por ahora, con 52 demandas de arbitrajes planteadas por inversores y fondos de inversión (algunos muy oportunistas) con resultados dispares y España negándose a pagar, lo que ha provocado ya algunos embargos. Y mientras el déficit de tarifa, que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero disparó a casi 30.000 millones de euros por sus generosísimas primas a las renovables, no terminaremos de pagarlo hasta el año 2028… y encima conlleva pago de intereses.

En el tema de los laudos tanto socialistas como peperos son culpables. Zapatero quiso lucirse en materia energética y ser el más verde del mundo, concediendo en masa unas generosas primas a las renovables, a costa del erario público, naturalmente. De esta forma atrajo a un gran número de energéticas y fondos para instalar energías verdes, pero también elevó el déficit de tarifa a casi 30.000 millones, una deuda que desde entonces no sólo han afrontado los contribuyentes de nuestro país, sino también, entre otros, las propietarias de las centrales nucleares (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP): hace unos meses, Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, recordó que pagan 5 euros en el impuesto al combustible nuclear gastado, que se les impuso “en 2012-2013 para financiar el déficit de tarifa de 30.000 millones de las renovables”, y que dentro de la tasa Enresa también pagan por la gestión de dicho combustible gastado. Y ojo, el déficit de tarifa conlleva el pago de intereses.

La deuda del sistema eléctrico español no sólo la han afrontado los contribuyentes de nuestro país, sino también las propietarias de las centrales nucleares (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP): Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, recordó que pagan 5 euros en el impuesto al combustible nuclear gastado, que se les impuso “en 2012-2013 para financiar el déficit de tarifa de 30.000 millones de las renovables”

Esta deuda histórica del sistema eléctrico español cerró 2019 en 16.602 millones y ha seguido bajando en años posteriores: a 10.016 millones en 2022, a 7.866 millones en 2023 y a 5.727 millones en 2024, según los últimos datos de la CNMC. Esta última cifra es un 27,2% menor a la del año anterior, y se estima que la anualidad de los derechos de cobro para este año será de 2.390 millones, y que no se liquidará hasta 2028. Eso sí, el coste medio ponderado de esta deuda será del 3,498%, lo que supone 106 puntos básicos más que en 2024 (2,44%)… por la subida de los tipos de interés. Ojo, desde 2014 y hasta principios de 2024, los consumidores de electricidad en nuestro país ya habíamos pagado más de 6.000 millones en intereses del déficit de tarifa, según datos de la CNMC que recogió La Información. Claro que si se suma el déficit de tarifa que aún queda y su correspondiente pago de intereses, el dinero de los laudos, las reclamaciones, los embargos, los honorarios de abogados… la deuda relacionada con las renovables que colea de la época de ZP se estima en 20.000 millones, según refirió Guillermo Rocafort, Licenciado en Empresariales y en Derecho, Doctor en Economía, profesor universitario y escritor, en la red social X (antes Twitter) hace unos meses.

No hay que olvidar que el primero que empezó a ver el desastre de tantas primas a las renovables fue el ministro socialista Miguel Sebastián, que empezó a recortarlas en 2010, y a quien le siguió con más mano dura el pepero José Manuel Soria, en 2013. Es más, este último, llegó a lanzar un nuevo impuesto para gravar en un 7% la energía eléctrica producida por las energías verdes. Y hasta se pronunció el Tribunal Supremo, al estimar que la rentabilidad de las renovables no podía ser del 22%, sino que entre un 7% y un 9% era más que suficiente, lo que no gustó nada a las energéticas y fondos que había atraído ZP… y empezaron a recurrir a arbitrajes internacionales contra España, llegando a 52 casos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) reclamando más de 10.000 millones.

En 2024, nuestro país fue líder, por segundo año consecutivo, en número de laudos a pagar, con una deuda que ascendía a unos 1.820 millones de euros. Según los últimos datos, ahora se sitúa en unos 1.891 millones: 1.516 millones de las compensaciones de los 27 arbitrajes resueltos a favor de los inversores o los fondos, y a los que suman más de 375 millones (en condenas en costas, honorarios de abogados y consultores, intereses de demora, etc.); y entre ellos, está el de la empresa japonesa Mitsui, que reclamaba 199 millones y el CIADI ha condenado a España a pagar 39,2 millones (incluyendo indemnización y costas). Eso sí, también conviene referir que el Estado español ha salido victorioso en 10 demandas, tres se han anulado y otras tres han sido desistidas por los demandantes. Por ahora, el Gobierno Sánchez ha evitado pagar apelando a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de septiembre de 2021, que limita los arbitrajes a cuando los implicados residen en la zona comunitaria. Además, siguiendo los pasos de Italia y Polonia, España inició la salida de la Carta de la Energía (un acuerdo multilateral que da seguridad jurídica a los inversores en el sector energético), y después sumaron el apoyo de toda la Unión Europea, pues Bruselas anunció su intención de salir de dicha Carta el año pasado.

En laudos a pagar, la deuda asciende a unos 1.891 millones: 1.516 millones de las compensaciones de los 27 arbitrajes resueltos a favor de los inversores o los fondos, y 375 millones en condenas en costas, honorarios de abogados y consultores, intereses de demora, etc

Negarse a pagar ha provocado la aparición de embargos. Hasta el momento, el único pago que ha realizado España ha sido uno de 32 millones de un laudo reclamado por el grupo japonés JGC, pero cuyos derechos adquirió el fondo estadounidense -y oportunista- Blasket. Ahora este último busca sacar más dinero a nuestro país, pues en juzgados de EEUU ha reclamado el pago de hasta 90 millones en varios laudos que tienen resultado favorable (en concreto, los de OperaFund, Steag y Renergy) desde hace años, según informa El Economista. Blasket ha argumentado que EEUU “son parte contratante del Convenio del CIADI y, por lo tanto, están obligados a ejecutar el laudo como si fuera una sentencia definitiva de un tribunal de los Estados Unidos”. Además, Blasket sigue los pasos del grupo Eurus Energy (perteneciente a Toyota) que ha demandado en tribunales de EEUU el pago de 106 millones más los intereses de demora.

No estaría mal que ZP, que cuenta con pensión vitalicia como expresidente del Gobierno que es, contribuyera a saldar una deuda histórica que surgió por su culpa... Es sólo una idea.