Los expertos y, lo que es más grave, los datos, llevan advirtiendo meses de las consecuencias de la Ley de Vivienda: el gran fracaso socio-podemita. Precios que suben disparados, falta de oferta, demanda incontrolada e inseguridad jurídica para el propietario, intervencionismo y desprotección. Todo acompañado del proteccionismo a los okupas.
El ministerio insiste en mirar para otro lado y se limita a hacer anuncios sin ninguna gracia, mientras socialistas y sumaritas proponen ideas a cada cual peor, la última: que Europa limite la compra de vivienda si no se va a vivir en ella. Lo propuso el propio Sánchez, siendo él y ocho de sus ministros multipropietarios.
Ahora es Fotocasa quien apunta hacia esa misma idea: "El mercado del alquiler se está desangrando", asegura María Matos, jefa de Estudios de Fotocasa, en una entrevista a El Economista.
La experta describe la tensión del mercado, que se encuentra en máximos, y que empeorará el próximo año, momento en el que vencen muchos de los contratos de alquiler que se firmaron bajo la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2019.
"Le hemos preguntado a los propietarios qué harán con sus viviendas cuando finalicen los contratos firmados con la LAU y el 43% nos ha dicho que retirará su vivienda del alquiler de larga duración", asegura Matos.
Estos pisos pasarán: un 16% al alquiler de temporada; el 11% al turístico; y el 6% al alquiler de habitaciones. Además, un 23% subirá los precios. Como consecuencia, según Matos no encontramos con un mercado "desangrado, con una rotación mínima y una competencia feroz por cada vivienda disponible".
Este panorama es terrible tanto para inquilinos como para propietarios, ambos enzarzados en una guerra absurda entre ellos cuando el culpable es otro. "El inquilino se enfrenta cada día a más castings imposibles y a precios desorbitados, mientras el propietario busca protegerse frente a impagos, destrozos o la ocupación ilegal".
Matos señala directamente al intervencionismo del Gobierno como el gran causante de esta situación: "Estamos ante un error de diagnóstico. No se puede proteger solo al colectivo vulnerable (inquilinos) sin ofrecer garantías a quienes ponen la oferta (propietarios)". Y recuerda que "el 90% del mercado del alquiler lo forman propietarios particulares, y se les está desincentivando con medidas punitivas y limitaciones de precios".
"Necesitamos políticas que incentiven, no que castiguen. Si seguimos interviniendo sin entender cómo funciona el mercado, lo único que lograremos es hacerlo más pequeño".
La experta advierte que la regulación en los alquileres de temporada o habitaciones que el Gobierno estudia imponer podría tener un efecto parecido: "Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el alquiler de temporada se ha disparado un 40% y el turístico un 55%. En muchas ciudades ya hay más anuncios de habitaciones que de viviendas completas".
Extender los topes de precios a estos segmentos sería "repetir los mismos errores". "Las medidas que buscan intervenir el mercado no dan resultados. Lo hemos visto en Berlín, París o Estocolmo, y lo estamos viendo en Cataluña. Cuando se limita el precio, la oferta se contrae. En Barcelona los contratos han caído un 10% en un año, y un 15% en Cataluña, según los datos de Incasol".
Algo que va en contra directamente de los intereses de los inquilinos quienes, además de ver la falta de oferta y el encarecimiento de los precios, encuentra una vivienda en mal estado: "El 60% de las viviendas que existen en España superará los 60 años en la próxima década. Son inmuebles que necesitarán reformas profundas, pero la falta de incentivos y la inseguridad hacen que muchos propietarios no las acometan".
"Cada vez hay más potenciales compradores. El 21% de los españoles prevé adquirir una vivienda en los próximos cinco años, y el 8% lo hará en menos de dos. Después de años considerando el alquiler como la principal opción para emanciparse, vuelve la aspiración de ser propietario".
"Se suele hablar de especuladores, pero la mayoría busca un hogar. Lo que demuestran estos datos es que el alquiler ya no es una solución habitacional viable para muchos", afirma Matos.
Ya lo explicó hace unos meses Idealista en su estudio: el Covid supuso "una tragedia que parecía que iba a cambiar por completo nuestra sociedad y, por supuesto, también el mercado inmobiliario".
Según el portal inmobiliario la pandemia provocó "un aumento meteórico de la oferta de alquileres permanentes, que se duplicaron en pocos meses y marcaron su máximo en diciembre de 2020, momento en el que los precios comenzaron a bajar, como consecuencia de la ley de oferta y vivienda".
El Gobierno de Sánchez tomó medidas, como hemos defendido en Hispanidad, el problema de la vivienda es por el lado de la oferta, así se conseguirían reducir los precios. Pero la Ejecutiva social-podemita ni lo ve ni lo veía así, por lo que decidieron aprobar "medidas punitivas y coercitivas de cara a los propietarios propiciaron la drástica desaparición de la oferta: desde el máximo de diciembre de 2020 la oferta de alquileres permanentes en España ha caído un 56%, mientras que los precios se han incrementado un 30% en el mismo periodo".