La falta de coordinación entre la planificación urbanística y la planificación eléctrica obliga a los promotores a asumir sobrecostes significativos y a esperar refuerzos de red que retrasan los proyectos y comprometen su viabilidad.
Hace unos días explicó Cristina Martín en Hispanidad lo urgente que es aumentar la inversión en redes eléctricas en nuestro país, cada vez está más cerca de convertirse en una emergencia nacional. Y es que no sólo debe elevarse por la saturación que presentan, sino también para el despliegue de nuevas industrias, como los centros de datos, y así no lastrar la electrificación ni la construcción de viviendas.
En los últimos días se han dado varios avisos sobre las redes en España. Uno de los pronunciamentos más recientes es el que asegura que no sólo urgen las inversiones en redes por su elevada saturación, sino también para no lastrar la electrificación, el despliegue de nuevas industrias (por ejemplo, los centros de datos) y la construcción de viviendas. Como saben, esto último es un problema en España y ha provocado que haya un desequilibrio entre oferta y demanda y, ha contribuido a elevar el precio de la vivienda. Recientemente, en un artículo en El Españo, Juan Béjar, presidente de la compañía de generación renovable Bruc, expuso las razones que lastran la construcción de vivienda en España: la falta de suelo, la lentitud administrativa, la escasez de mano de obra (especialmente, en la construcción) y el díficil acceso a las redes de distribución de energía eléctrica. Al hilo de esto último, recordó que en 2024 se rechazaron solicitudes de acceso y conexión a la red eléctrica que sumaron 33.159 megavatios (MW), la mitad de los solicitados, según un estudio realizado por la patronal eléctrica Aelec y Deloitte, y de dicha cifra, 6.717 MW correspondieron a promociones de vivienda y polígonos industriales. Además, Béjar recordó que la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) advirtió en un informe que “el acceso y conexión a la red eléctrica se ha convertido hoy en uno de los principales desafíos para el desarrollo de nuevas promociones urbanísticas en España” y que sólo en el caso de la Comunidad de Madrid. La falta de potencia eléctrica frena el desarrollo de más de 300.000 viviendas. Además, el pasado septiembre, Asprima ya alertó de la saturación de las redes afectaba a más de 340.000 inmuebles y de que España podría perder inversiones de más de 58.000 millones de euros por falta de disponibilidad eléctrica en los centros de datos.
Ahora Asprima ha presentado un informe que sitúa la infraestructura eléctrica como uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo de vivienda nueva en España y propone 16 medidas regulatorias y operativas para revertir esta situación.
El informe toma como referencia el dato del Banco de España que marca que el déficit acumulado alcanza ya las 700.000 viviendas y pone el foco en las dificultades de acceso y conexión a la red eléctrica. En 2024, el sector urbanístico solicitó 6,7 GW de acceso a la red, de los cuales aproximadamente la mitad no pudieron ser atendidos por falta de capacidad disponible o por el desistimiento de los promotores ante la falta de certidumbre.
El informe subraya que la falta de coordinación entre la planificación urbanística y la planificación eléctrica obliga a los promotores a asumir sobrecostes significativos y a esperar refuerzos de red que retrasan los proyectos y comprometen su viabilidad. Asimismo, prácticas actuales como las reservas de potencia excesivamente largas y rígidas, la duplicidad de validaciones administrativas o un reparto de costes que recae mayoritariamente en el promotor contribuyen a encarecer el precio final de la vivienda y a inmovilizar recursos.
Las propuestas de Asprima se engloban en cinco ámbitos de actuación prioritarios. El primero de ellos, en cuanto a la Capacidad y planificación de la red eléctrica: propone flexibilizar los límites de inversión en redes, impulsar inversiones anticipatorias que permitan atender la demanda residencial futura y priorizar las infraestructuras eléctricas vinculadas a desarrollos con un planeamiento definitivamente aprobado. Asimismo, plantea crear mecanismos estables de coordinación entre administraciones, distribuidoras y promotores para alinear los calendarios urbanísticos y eléctricos desde las fases iniciales.
En un contexto de saturación de red, el segundo bloque de propuestas se centra en la Optimización de la red existente. El informe propone introducir criterios de prioridad en el acceso y conexión para usos de interés social y baja movilidad geográfica, como la vivienda, frente a otros usos que pueden desplazarse con mayor facilidad. Además, plantea un modelo de acceso flexible y progresivo que permita reservar la potencia necesaria para todo el desarrollo, pero activarla de forma gradual conforme avanza la urbanización, evitando el bloqueo de capacidad durante años. A ello se suma el aprovechamiento del potencial de flexibilidad de la demanda residencial mediante incentivos que permitan gestionar consumos en momentos puntuales.
Además señalan a la necesidad de Agilización de la tramitación administrativa: la burocracia, las dobles validaciones y la falta de coordinación administrativa son señalados como uno de los principales frenos al desarrollo residencial. Por lo que se propone alinear la validez de los informes de viabilidad eléctrica con la tramitación urbanística, implantar una ventanilla única autonómica de urbanismo eléctrico con silencio administrativo positivo y fijar plazos máximos y sancionables para la emisión de propuestas de conexión por parte de las distribuidoras. El objetivo es eliminar duplicidades, ganar previsibilidad y acortar de forma efectiva los plazos de tramitación.
En cuanto a la Certidumbre en la ejecución de infraestructuras, desde Asprima aseguran que existe una falta de definición temprana de subestaciones, centros de transformación y redes que genera problemas de disponibilidad de suelo y de potencia reservada, que comprometen la viabilidad de los proyectos incluso en fases avanzadas. Para evitarlo, el informe propone incorporar de forma vinculante la localización y dimensión de las infraestructuras eléctricas en los instrumentos de planeamiento, así como simplificar su ejecución mediante la declaración responsable cuando las obras estén incluidas en proyectos de urbanización aprobados. Además, plantea mejorar la transparencia mediante una plataforma digital pública que permita el seguimiento en tiempo real de los expedientes.
El último bloque: Coste y dimensión de las infraestructuras eléctricas, advierte de que el modelo actual de reparto de costes traslada al promotor inversiones en infraestructuras de carácter troncal o de utilidad pública, encareciendo el precio final de la vivienda. El informe propone que estas infraestructuras sean financiadas a través del sistema eléctrico, limitando al promotor los costes de redes internas y de uso exclusivo. Asimismo, plantea revisar los criterios de dimensionamiento de potencia para ajustarlos a la demanda real y a la progresividad de la electrificación, evitando sobredimensionamientos que agotan capacidad de red y elevan innecesariamente los costes.
“Estas medidas combinan soluciones regulatorias y operativas para acelerar la conexión de nuevos desarrollos, reducir costes y aportar certidumbre tanto a promotores como a las administraciones”, señala Jorge Ginés, director general de Asprima. “Priorizar la vivienda como un uso de interés social dentro de la planificación eléctrica y simplificar los trámites es clave para desbloquear miles de viviendas y optimizar la inversión en red”.
Asprima hace un llamamiento a la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las empresas distribuidoras y el regulador (CNMC) para que incorporen con urgencia estas propuestas y eviten que la infraestructura eléctrica siga siendo un freno estructural a la oferta de vivienda.