El Real Decreto 933/2021 que entró en vigor definitivamente, después de tres prórrogas, en diciembre de 2024, vulnera la normativa comunitaria sobre protección de datos, y lo hace de dos maneras: recopila demasiados datos de los viajeros y los guarda durante demasiado tiempo.
Esta es la conclusión a la que ha llegado la Comisión Europea, que este viernes ha iniciado un procedimiento de sanción a España por este motivo. España tiene ahora dos meses para corregir la situación y si no lo hace o las medidas adoptadas no son suficientes, la cuestión podría terminar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Pase lo que pase, lo cierto es que Bruselas le ha dado un sonoro capón a Marlaska, que fue el gran impulsor y defensor de la norma. El ministro del Interior, uno de nuestros peores ciudadanos, aseguró en su día que era una herramienta indispensable de seguridad pública, que había superado todos los filtros jurídicos habidos y por haber y que, por supuesto, no vulneraba la protección de datos.
Como se pueden imaginar, el sector turístico español ha acogido la noticia con gran satisfacción, no sólo por el engorro que supone solicitar todos los datos a los viajeros, sino, sobre todo, porque siempre dudó de la legalidad de la norma. Ahora, Bruselas les ha dado la razón.