Este año, septiembre no comienza con la vuelta al trabajo, sino con la sensación de agotamiento social. España llega al nuevo curso político después de un verano en el que una nueva crisis sustituye a la anterior, antes incluso de que pudiéramos haber asumido sus consecuencias.

Ahora, la nueva estrella de las crisis del gobierno socialista es Ceuta, que llega casi justo después de los incendios, que a su vez despistaban de la pillada de las joyas de Zapatero, que a su vez ocultaba la subida de la luz, con la que cubría a la fontanera Leire Diez, que entonces ocultaba el juicio de Begoña Gómez, con la que tapaba la financiación autonómica, para dejar de hablar de no presentar los presupuestos del Estado, para que se terminara de hablar de los descarrilamientos de los trenes y los 46 fallecidos de Óscar Puente, que llegó justo para que no se criticara más del apagón que hemos terminado pagando todos los españoles porque nadie es responsable... Y así hasta el confinamiento ilegal del COVID.

La crisis de la entrada masiva e irregular en Ceuta, del 30 y 31 de julio, ha obligado finalmente al Gobierno -casi un mes después-, a declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional después de dimes y diretes por partes de los ministros que se contradecían entre sí, porque alguien o todos mentían, mientras que Pedro Sánchez no se daba por aludido en la Mareta. Incluso, el propio decreto aparecido en el BOE, reconoce que se produjo una «presión inédita» sobre el control fronterizo y que fueron superadas las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana. Pero no dice nada de la inacción de los recursos del Estado tras el aviso del CNI. Y lo peor, conociendo el maquiavelismo de Pedro Sánchez, hay quien apunta a que termine utilizando esta crisis como argumento electoral y declarar el estado de excepción y suspender las elecciones hasta la plena normalización.

No exageramos ni un pelo si decimos alto y claro que la gravedad de que cuando un Estado posee leyes, policía, ejército, fronteras e instituciones y no hace uso de ellas, solo podemos concluir que demostró tres faltas : uno, que existe un motivo desconocido para España por el que Sánchez está obligado a actuar de esta forma; dos, no saben ni cumplir sus obligaciones elementales de proteger su territorio y a sus ciudadanos; tres, hay mala fe en sus actuaciones y que, como en la mal llamada dana -desde siempre gota fría-, dejaron que todo se precipitara para acorralar a un gobierno de Partido Popular, que tampoco estuvo a la altura de las circunstancias.

Claro, a Pedro Sánchez no le podemos atribuir personalmente cualquier delito cometido a su alrededor —eso corresponde determinarlo a los tribunales—, pero si la responsabilidad política.

Analicemos, pues, sus responsabilidades y comencemos por la primera, que es la institucional. Sánchez es presidente del Gobierno. Le corresponde responder políticamente por la capacidad del Estado, por la calidad de sus instituciones y por las personas a las que ha entregado cargos decisivos. Cuando antiguos hombres de máxima confianza terminan implicados en causas judiciales y cuando determinadas estructuras del Estado transmiten parálisis o deterioro, el presidente no puede comportarse como un simple espectador.

La segunda responsabilidad es carácter personal. Su esposa, Begoña Gómez, continúa inmersa en procedimientos judiciales por varios presuntos delitos, mientras su hermano, David Sánchez, fue condenado en julio a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación administrativa. Hablar de nepotismo como valoración política exige distinguirlo de la responsabilidad penal individual, sin embargo, resulta legítimo preguntarse hasta qué punto el poder ha convivido demasiado cerca de los intereses familiares.

La tercera responsabilidad afecta a Sánchez como secretario general del PSOE y ante sus propios votantes, de los que todavía hay 5 millones incapaces de ver nada fuera de la cueva de Platón de Ferraz. La Audiencia Nacional investiga movimientos bancarios vinculados al partido dentro del caso Leire Díez; la UCO ha rastreado pagos y el juez ha abierto una pieza económica para estudiar diversas cuentas del PSOE. Nada de ello permite afirmar hoy que exista una financiación ilegal probada del Partido Socialista, es cierto, pero sí permite exigir explicaciones a quien lo dirige desde 2017.

Mientras tanto, los ciudadanos vivimos, no solo pendientes de los juzgados, también de pensar en la compra, la hipoteca, el combustible o los impuestos, que sí pagamos religiosamente.

Y a propósito del expolio fiscal al que estamos sometidos, el propio Banco de España ha explicado que la inflación también ha provocado que aumente la recaudación del IRPF cuando los impuestos no se adaptan plenamente a la subida de los precios. Dicho de manera sencilla: muchas familias han perdido poder adquisitivo mientras Hacienda recaudaba más. ¡Y esto también cansa…!

Por eso septiembre puede marcar algo más que el comienzo del último tramo de una legislatura cuya manera de gobernar ha estado basada exclusivamente en resistir.

Parece que las papeletas de la sucesión comienzan a repartirse y Óscar Puente no ha descartado optar algún día a la sucesión de Sánchez. Aunque resulta significativo que uno de los rostros más oscos y menos diplomáticos de los últimos 10 años en el panorama político, pueda presentarse como alternativa en un país necesitado precisamente de reconstrucción, concordia y autoridad serena, alejado de la confrontación constante.

La rebelión de las masas y otros ensayos (Alianza bolsillo) de Ortega y Gasset. Este ensayo, fue publicado con traducciones inmediatas al inglés y al alemán, y convirtió a Ortega en una figura internacional. El autor examina la crisis moral europea provocada por el dominio del hombre-masa, surgido del progreso técnico y del liberalismo decimonónico. Ayuda a comprender la degradación de la vida pública cuando desaparecen la exigencia y la responsabilidad.

El sueño reformista de un constituyente (Sekotia) Jaime Ignacio del Burgo. El autor, protagonista directo de la elaboración constitucional de 1978, reconstruye el consenso de la Transición y analiza su progresivo deterioro. Repasa los grandes debates políticos y territoriales, señala responsabilidades en su ruptura y propone una reforma constitucional completa para reforzar el Estado, cerrar el proceso autonómico y recuperar estabilidad, concordia y continuidad nacional en España del futuro.

La democracia en América (Rialp) de Alexis de Tocqueville. Enviado por el Gobierno francés a Estados Unidos para estudiar su sistema penitenciario, Tocqueville amplió su investigación hacia la política y la organización social del país. En esta obra examina virtudes, riesgos y contradicciones de la democracia americana, formulando observaciones y previsiones de enorme vigencia. Su análisis sigue siendo una extraordinaria reflexión sobre libertad, instituciones y mayorías.