La ley de Memoria Democrática (entró en vigor el 21 de octubre de 2022), contempla en su disposición adicional octava un procedimiento para adquirir la nacionalidad española a descendientes de españoles, bajo determinadas condiciones (por ejemplo, hijos y nietos de españoles exiliados). El plazo para presentar solicitudes terminó en octubre de 2025, aunque los expedientes presentados continúan tramitándose. Se presentaron aproximadamente 2,5 millones de solicitudes, de las que se han concedido, hasta la fecha, un total de 570.000 nacionalidades.

De esta forma, el censo exterior gana electores respecto a las generales de 2023, lo que, según algunos cálculos, podría modificar hasta unos 23 escaños.

Todos los nacionalizados en virtud de la ley de Memoria Democrática pueden votar en las próximas elecciones generales. Y la sospecha más razonable es que lo hagan al PSOE. Además, en las encuestas no se está preguntando su intención de voto a los nuevos nacionalizados.

Por eso, la sociedad española intuye que se trata de una trampa del sanchismo para beneficiarse electoralmente.

Y por eso, Iustitia Europa ha pedido al Tribunal Supremo que, como medida cautelar, suspenda las altas en el censo electoral exterior (CERA) mientras se analiza su legalidad y regularidad. Iustitia Europa cree que la Administración electoral no puede limitarse a incorporar masivamente esos nuevos electores sin poder demostrar de forma suficientemente transparente que cada alta cumple los requisitos legales.

En este sentido, Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, ha declarado: «La legitimidad de unas elecciones comienza antes de abrir las urnas: exige poder garantizar quién forma parte del censo, dónde debe computarse cada voto y que el resultado corresponde al electorado jurídicamente llamado a decidir».

Mientras que Vox sostiene que puede existir fraude o ilegalidad tanto en las nacionalizaciones como en las posteriores inscripciones censales, por lo que ha pedido al Supremo que sentencie que la Junta Electoral Central (JEC) sí tiene competencia para actuar ante posibles irregularidades del censo (la JEC se había declarado incompetente para ello).

Todo esto está siendo analizado, desde hoy, por el Tribunal Supremo.

Ojo, no confundir la nacionalización de descendientes de españoles exiliados con la regularización extraordinaria de inmigrantes, acometida también por el Gobierno de Pedro Sánchez. La regularización extraordinaria de inmigrantes permite obtener una autorización de residencia y trabajo. El plazo para presentar las solicitudes acabó el pasado 30 de junio con 1.174.978 peticiones. De ellas, más de 608.000 han sido admitidas a trámite, de las que ya han sido resueltas de forma favorable unas 12.000, según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno, el jueves 23 de julio de 2026, con motivo de la XIV Conferencia Sectorial de Inmigración.

Pero estas personas regularizadas no pueden votar en unas elecciones generales, porque la regularización extraordinaria concede una autorización de residencia y trabajo; pero no concede la nacionalidad española.

Sí podrían votar en elecciones municipales, pero solo si tienen la nacionalidad de un país con reciprocidad de voto municipal. Es decir, que la mera regularización no basta.