En el Día de Ceuta conviene mirar más allá de los titulares políticos y centrarse en lo que realmente define la relación entre España y Marruecos: una interdependencia económica profunda que convierte a Marruecos en el primer socio comercial de España en África. Pero esta relación no puede analizarse únicamente desde la cooperación. En la era Trump, los instrumentos económicos han demostrado tener más peso que las declaraciones políticas. Las sanciones a Irán, la presión comercial sobre China o las medidas sobre Venezuela han mostrado que la economía es el campo de batalla donde se deciden los conflictos del siglo XXI. ¿Qué palancas económicas movería un gabinete de Trump ante una crisis como la de Ceuta y Melilla?

España es una economía madura con cerca de 49,6 millones de habitantes y un PIB per cápita que ronda los 34.000 euros en 2025. Marruecos es una economía emergente con aproximadamente 37-39 millones de habitantes y un PIB per cápita en torno a los 4.000 dólares. La diferencia es clara: el PIB per cápita español es 8,5 veces mayor, lo que explica la presión migratoria hacia Europa. España exporta bienes de mayor valor añadido, tecnología y capital; Marruecos ofrece capacidad industrial competitiva, productos agroalimentarios de contraestación y una posición geoestratégica como puerta de entrada a África.

En 2024, España y Marruecos intercambiaron mercancías por un valor récord de 22.693 millones de euros, y en 2025 el comercio bilateral se situó en torno a los 22.757 millones. España cerró 2024 con un superávit comercial superior a los 3.000 millones de euros frente a Marruecos. En el primer semestre de 2026, las exportaciones españolas aumentaron un 3,5%, hasta 6.420,5 millones de euros, mientras que las importaciones subieron un 4,1%, hasta 5.795,5 millones. Dentro del comercio de Marruecos con la Unión Europea, España es su principal socio bilateral, con alrededor del 29,1% del total, por delante de Francia.

España exporta a Marruecos principalmente maquinaria, equipos y componentes de automoción, combustibles, tejidos, material eléctrico y productos químicos. Estos flujos alimentan la industria marroquí, especialmente el sector de la automoción, que se ha convertido en el primer sector exportador del país y destina el 90% de su producción a otros mercados, con la UE como principal cliente y España absorbiendo el 20% del total exportado. Marruecos exporta a España principalmente productos agrícolas de contraestación, como tomates, pimientos y cítricos; productos pesqueros, con importaciones que superaron los 130 millones de dólares en 2024; textil; y componentes de automoción. Solo en los primeros meses de 2025, España importó más de 188.000 toneladas de frutas y hortalizas marroquíes por un valor cercano a los 481 millones de euros.

Alrededor de 355 empresas españolas operan en Marruecos, con presencia relevante en automoción, energías renovables, agroindustria, logística, construcción y turismo. Figuran nombres como Inditex, Gestamp, Antolín, Abengoa, Indra, Endesa, Banco Santander, Barceló, Riu o Borges. En 2025 se esperaba un incremento del 55% en la inversión española en el país, consolidando a España como uno de los cinco principales inversores extranjeros en Marruecos. El stock de inversión extranjera directa en Marruecos alcanzó los 69.300 millones de dólares en 2023.

Las remesas que la diáspora marroquí envía anualmente alcanzan unos 12.000 millones de dólares, alrededor del 8-10% del PIB marroquí y el 70% de su entrada de divisas. España es un emisor relevante: en 2025 las remesas enviadas desde España alcanzaron los 1.589 millones de euros, equivalentes a más del 1% del PIB marroquí. Estas transferencias sostienen el consumo de millones de familias y financian pequeñas inversiones, educación y salud.

España mantiene tres vías principales de financiación hacia Marruecos: créditos reembolsables, subvenciones directas e impulso a la inversión privada. Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, las partidas destinadas a Marruecos rozan los 4.194 millones de euros. Entre los proyectos destacan 755 millones mediante un crédito FIEM para locomotoras; 340 millones para una planta desaladora en Casablanca; y subvenciones de la AECID para proyectos de salud y cooperación. A estas cantidades hay que añadir las aportaciones de comunidades autónomas, especialmente Andalucía, y las instituciones europeas.

Para España, Marruecos representa el 3,2% de sus exportaciones y el 2,5% de sus importaciones; es el primer socio comercial en África y uno de los principales mercados fuera de la UE. Para Marruecos, España es su principal socio dentro de la UE, con el 29,1% de su comercio exterior con Europa. En términos relativos, Marruecos depende más de España, pero para España perder esta relación implicaría costes considerables, especialmente en automoción, agroalimentación y energía.

Ceuta y Melilla son nodos de una economía transfronteriza intensa. Pero también son el punto más vulnerable. La llegada masiva de personas puede paralizar comercios, elevar el gasto público y deteriorar la confianza. En agosto de 2026, una llegada irregular superior a 70.000 personas a Ceuta paralizó parte de la actividad comercial. Ceuta es sensible a cualquier interrupción de flujos fronterizos. Cuando la frontera funciona, la proximidad es ventaja competitiva; cuando se usa como presión, se transforma en vulnerabilidad. El cierre de la aduana comercial por Marruecos en 2018 debilitó el comercio transfronterizo en Melilla. Antes del cierre, el comercio atípico y el porteo generaban entre 600 y 700 millones de euros anuales.

En la era Trump, la economía es el campo de batalla. ¿Qué haría un gabinete de Trump ante una crisis como la de Ceuta? Aplicaría un "España First": proteger los intereses nacionales por encima de consideraciones diplomáticas.

Primero, condicionaría toda la cooperación al cumplimiento de compromisos de control fronterizo y readmisión. No suspendería indiscriminadamente la ayuda, sino que establecería indicadores y consecuencias automáticas. Los créditos FIEM, las subvenciones de la AECID y los proyectos se vincularían a resultados concretos: reducción de llegadas irregulares, control fronterizo efectivo y seguridad para empresas españolas.

Segundo, presión comercial selectiva. España tiene un superávit de más de 3.000 millones frente a Marruecos. Un gabinete de Trump lo usaría como palanca. Ante una crisis migratoria, impondría aranceles temporales a productos marroquíes sensibles: agrícolas, textil y automoción. La medida sería quirúrgica: afectar sectores clave marroquíes sin dañar excesivamente a empresas españolas.

Tercero, protección de fronteras económicas. Ceuta y Melilla necesitan diversificar para reducir la dependencia del comercio fronterizo. La estrategia incluiría mejoras en conexiones marítimas y digitales, incentivos fiscales, turismo, servicios profesionales, economía azul, logística y comercio electrónico. No bastan ayudas extraordinarias; se necesita un fondo permanente de contingencia para empresas y trabajadores afectados por cierres, con seguros y mecanismos rápidos de indemnización.

Cuarto, diversificación estratégica. España debe reducir dependencias excesivas de un único corredor o país. En agricultura e industria, reforzar proveedores alternativos y mantener reservas logísticas. Las empresas españolas en Marruecos deberían tener planes de continuidad para trasladar producción si se interrumpen cadenas de suministro.

Quinto, utilizar la dimensión europea. España no puede afrontar sola presión sobre una frontera exterior de la UE. La migración irregular y el control aduanero afectan al mercado europeo. Cualquier respuesta debería coordinarse con Bruselas, usando instrumentos comunitarios de protección comercial y mecanismos de solidaridad para Ceuta y Melilla. Un gabinete de Trump negociaría desde la fortaleza, recordando que España es la puerta de Europa a África y que cualquier crisis en Ceuta y Melilla es europea.

El objetivo no es provocar una guerra comercial, sino demostrar que España puede responder si se inicia de forma encubierta. La mejor disuasión es hacer creíble que cualquier presión tendrá un coste proporcional y defendible. Marruecos necesita más a España, pero España no puede actuar como si la relación fuera irrelevante. El comercio, las inversiones, las remesas y la cooperación han creado una red de interdependencia que aconseja prudencia, no pasividad.

Ceuta y Melilla son la expresión visible de esa realidad. Su protección no exige cerrar la economía ni romper vínculos con Marruecos. Exige fortalecerlas económicamente, diversificar actividades, proteger fronteras, condicionar la cooperación a compromisos verificables y usar la capacidad negociadora del mercado español y europeo. Como economista, la posición razonable no es el enfrentamiento permanente ni la concesión automática. Es la defensa de una cooperación basada en reciprocidad. España debe comerciar, invertir y cooperar cuando genere beneficios mutuos, pero dejar claro que ninguna ventaja económica puede usarse para poner en riesgo la estabilidad de Ceuta, Melilla y España. En la era Trump, la economía es el nuevo campo de batalla. España debe aprender a usar sus armas económicas con precisión. Solo así protegerá sus intereses sin renunciar a la cooperación que beneficia a ambos países.