El cantante ha presentado una demanda contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por haberle señalado públicamente como "abusador sexual" en relación con una denuncia interpuesta por dos extrabajadoras y archivada hace apenas un mes.
La defensa del cantante, encabezada por el abogado José Antonio Choclán, ha solicitado la celebración de un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por injurias y calumnias. En dicho trámite, el intérprete reclama que la líder de Sumar "reconozca expresamente el daño producido" y rectifique sus manifestaciones "en idénticos medios y franja horaria" a aquellas en las que se produjeron. Esto nos recuerda al caso de otra mujer de la izquierda, Irene Montero, quien llegó a ‘chotearse’ de la Justicia al negarse, en un principio, a pagar 18.000 euros como indemnización por daños morales a Rafael Marcos, un padre al que se refirió como maltratador en un acto público.
Pero, volviendo al caso Iglesias-Díaz, según el escrito, al que ha tenido acceso El Periódico, la vicepresidenta habría atribuido de manera directa al artista, a través de redes sociales, la condición de "abusador sexual", además de acusarle de mantener a trabajadoras en un régimen de "esclavitud" y de sostener una "estructura de poder basada en la agresión permanente". Lejos de matizar sus palabras, al día siguiente, en una comparecencia en TVE, la vicepresidenta se habría ratificado en sus declaraciones, ampliando incluso el alcance de sus acusaciones al afirmar que en ese caso "se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que estaban en una posición de inferioridad extrema".