El Congreso de los Diputados debatirá esta semana la regulación del burka y el niqab en España, dos atuendos femeninos originarios de Afganistán y el golfo Pérsico que, en el primer caso oculta todo el cuerpo de la mujer y, en el segundo, solo deja al descubierto los ojos.
La proposición de ley orgánica presentada por Vox, que será sometida a la toma en consideración del pleno, plantea la prohibición del uso de estas prendas en todos los espacios públicos y también en aquellos lugares privados que tengan proyección hacia un uso público, una fórmula amplia que busca limitar de manera efectiva la presencia del velo integral en la vida cotidiana.
El texto presentado excluye expresamente el hiyab, ya que este cubre únicamente el cabello y el cuello y que se considera una prenda de carácter religioso más extendida y menos restrictiva.
En su día, Vox recordaba que países como Francia en 2010, Bélgica en 2011, Austria en 2017, Dinamarca en 2018, Países Bajos en 2019 y Suiza en 2021 han llevado a cabo consultas populares para restringir el uso de prendas que ocultan el rostro humano en el espacio público. Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró en su sentencia de 1 de julio de 2014 que estas medidas tienen «una justificación objetiva y razonable».
El partido de Abascal asegura que esta cuestión refleja «la imposición de la ideología islamista, caracterizada por la intolerancia para con otras creencias y costumbres, y el peligro que representa una ideología incompatible con el modo de vida occidental». La sociedad española, continúa la formación, «no puede aceptar que, al amparo de una ideología ajena y hostil a Occidente, se pretenda eliminar la identidad de las mujeres de la vida social, con el consiguiente ataque a su dignidad como personas».
Por su parte, el Partido Popular ha confirmado que apoyará la iniciativa, un gesto que refuerza la sintonía entre ambas formaciones en este asunto y que, según su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, responde a la necesidad de centrarse en “las cuestiones que nos unen”.
Tal como recoge La Razón, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista reciente, señaló que la propuesta de Vox constituye un ejemplo de defensa de la dignidad de las personas, especialmente en lo relativo al uso del burka. La exposición de motivos de Vox sostiene que la “llegada masiva de inmigrantes de países con fuerte influencia islamista” obliga a los poderes públicos a actuar para evitar la normalización de prácticas que, según el partido, serían incompatibles con el modo de vida occidental y podrían suponer riesgos para la seguridad ciudadana.
La proposición contempla sanciones económicas de hasta 600 euros por el uso del burka o el niqab en espacios públicos, que podrían elevarse hasta los 30.000 euros en caso de reincidencia, además de penas de prisión de hasta tres años para quienes impongan estas prendas mediante coacción, intimidación o violencia, con agravantes si la víctima es menor o se encuentra en situación de especial vulnerabilidad.
El PP ya había fijado su posición en su Congreso Nacional del pasado verano, donde incluyó el rechazo al burka y al niqab en su ponencia política, argumentando que ninguna tradición puede justificar prácticas que invisibilizan a la mujer o limitan su autonomía.
Además, señala el mismo diario, el debate obligará también a Junts a posicionarse en un momento delicado, marcado por el ascenso de Aliança Catalana, que ha hecho del discurso islamófobo uno de sus ejes principales.