Tres magrebíes, cuchillo en mano, persiguieron a un hombre por un carril-bici de Sestao (Vizcaya), para tratar de robarle el teléfono móvil.
Tal como recoge La Gaceta, la víctima contó a los agentes de la Ertzaintza que se encontraba sentado mirando su terminal móvil cuando se le acercaron estos tres individuos, uno de los cuales, le pregunto si le podía dejar el teléfono para hacer una llamada, a lo que se negó.
Tras la conversación mantenida, este mismo hombre se alejó unos metros y regresó esgrimiendo un cuchillo de grandes dimensiones, amenazando al denunciante que salió huyendo del lugar para evitar ser agredido, aunque consiguió grabar parte del intento de asalto.
Asimismo, la victima afirmó que tuvo que apartar el arma blanca con su mano derecha antes de la huida, ocasionándole una pequeña herida que no requirió su traslado a un centro médico.
Los agentes detuvieron a los tres hombres, de 31, 26 y de 25 años, todos de procedencia magrebí, acusados de la comisión de un delito de robo con intimidación en grado de tentativa.
Precisamente, en estos días se ha conocido, según datos de la Ertzaintza, que, el 70,4% de los delitos violentos en la región los perpetran inmigrantes magrebíes pese a representar sólo el 1,7% de la población.
Según estas cifras, en los primeros nueve meses de 2025 fueron arrestadas en el País Vasco 3.358 personas de origen extranjero. En determinados tipos delictivos, como los robos con violencia, los datos reflejan una presencia destacada de personas de origen magrebí entre los detenidos. En el caso de los delitos contra la libertad sexual, también se recoge un porcentaje significativo dentro de ese mismo grupo (los extranjeros rondan el 67%).
Señala La Gaceta que, desde el entorno del Partido Nacionalista Vasco se ha defendido la conveniencia de ofrecer información detallada sobre el origen geográfico de los detenidos, en línea con criterios de transparencia exigidos desde hace años por Vox.
En paralelo, organizaciones sindicales policiales como Jupol han solicitado al Ministerio del Interior que incluya este tipo de variables en sus informes oficiales. Argumentan que se trata de datos comparables a otros como la edad o el sexo, y consideran que su difusión permitiría un mejor análisis de la realidad delictiva.
Desde estos ámbitos se insiste en que el objetivo no es estigmatizar a ningún colectivo -como ha llegado a argumentar Illa en el caso de Cataluña-, sino disponer de información completa que facilite el diseño de políticas públicas más eficaces en materia de seguridad.