En esta misma edición les recomendábamos que se apunten un nuevo 'palabro' aplicado por El País a la nueva encíclica de León XIV, 'Magnifica Humanitas': tecnofascismo.

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Y es que, el diario del Grupo PRISA, presidido por Joseph Oughourlian, no para de sorprendernos. Por ejemplo, con el artículo: "Cinco falacias contra la regularización migratoria", cuyo subtítulo dice lo siguiente: "La mayoría de los regularizables ya tienen empleo, aunque precario, inseguro y peor pagado que los demás. Y la cantidad de empleo disponible no es estática y eterna, sino dinámica". Al parecer, se le olvida al medio recordar, véase, el caso de los regularizables, que, no sabemos si tienen empleo, pero lo que sí tienen son antecedentes policiales. Razón por la que la portavoz de Jupol, Laura García, afirmaba que la 'extraordinaria' regularización de Sánchez será un "coladero para delincuentes":

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En el punto número 1 del artículo, el periodista trata de desmentir que "Las regularizaciones provocan un `efecto llamada’”: "Falso. El grueso de los estudios científicos -¡ah!, siendo científicos...-lo desmiente. La de 2005 en España “no comportó un efecto imán”, reza el trabajo clave sobre esta (Understanding the effects of granting work permits to undocumented immigrants, Joan Monràs, Javier Vázquez-Grenno y Ferran Elias, vol 43, Journal of Labor Economics, 2025 ). “La evidencia lo rechaza. No hemos detectado en los datos ningún incremento diferencial en el stock ni en las tasas de crecimiento de los inmigrantes extraeuropeos (a España) respecto a los procedentes de la UE”.

Quizá si consultan con Rubén Pulido, experto en inmigración, las conclusiones sean distintas. Por ejemplo, si leen su artículo: Más de 9.000 inmigrantes ilegales han alcanzado las costas españolas en lo que va de año: Ceuta casi cuadruplica las llegadas respecto a 2025. 

No roban puestos de trabajo, afirma el artículo de El País. La prueba: entre 2020 y 2025 se crearon tres millones de empleos; de estos, un millón los ocuparon los inmigrantes; los otros dos, los nacionales, nos recuerda Miguel Ángel Fernández Ordóñez (La inmigración no quita trabajo, Cinco Días, 12 de mayo). Tampoco ocurre específicamente con los servicios sociales ni la vivienda: si la población laboral creciera (lo que en cualquier caso es imperativo económico) vía natalidad de los nacionales, también se expandiría (pero a mayor ritmo) la necesidad de plazas hospitalarias o escolares. Y de alojamiento.

Pues, respecto a la Sanidad, por poner un ejemplo, decíamos en Hispanidad que vamos hacia el desastre sanitario total. Los inmigrantes ilegales también tendrán derecho a asistencia sanitaria, tal como anunciaba la ministra del ramo, Mónica García. La verdad es que la tenían vía turismo sanitario y vía urgencias. Pero eso sí, colapsarán un poquito más el sistema.

Y respecto a la natalidad, insistimos: España, país de viejos… e inmigrantes: los nacimientos siguen cayendo y la población sólo crece por los extranjeros, en 2025.

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España, según datos del INE, cerró 2025 con 49.570.725 habitantes, 442.428 más que en 2024, gracias al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidos en España se redujo.

Así, por primera vez en la historia, los nacidos en el extranjero superaron los 10 millones (10.004.581 nacimientos) y fue mayor que la de nacionalidad extranjera debido a los procesos de adquisición de nacionalidad española. De esos 10 millones, 7,2 millones son extranjeros, lo que supone un nuevo récord, y sitúa el porcentaje de extranjeros en España en el 14,6%.

Conclusión: los efectos de la regularización fija discontinua de un millón largo con su correspondiente reagrupación familiar hasta un número sin calcular, hará tensionar los ya de por sí mercados estresados de la vivienda, servicios sociales, listas de espera récord en sanidad, agravando el fracaso escolar en educación y un mercado laboral falto de competitividad. El sugerido reemplazo de los baby-boomers para costear las pensiones podría sufrir un estrepitoso fracaso cuando a pesar de tanto migrante extranjero, España retrase su transición ecodigital, empeore su renta PIB per cápita y productividad por lograr algo más que papeles: que una buena parte de los solicitantes vivan de la sopa boba (o sea, de las prestaciones sociales).

Una vez que la población regularizada obtenga su residencia legal en España, no solo correrán a los servicios sociales para obtener el certificado de vulnerabilidad con derecho a vivienda gratis y el IMV (Ingreso Mínimo Vital), sino que además ganarán libertad de movimiento por el espacio Schengen. Este punto choca con otro apartado del artículo de El País que recoge: “Son un peligro para Europa, pues los regularizados se esparcirán por toda la UE”. Falso, porque: "Los beneficiarios obtienen una autorización para residir un año (prorrogable) únicamente en España, es un permiso que no sirve para los otros Estados miembros de la UE".

Existe además una alta probabilidad de que un porcentaje significativo de los solicitantes utilice España solo como "puerta de entrada" legal para emigrar posteriormente hacia el norte de Europa buscando salarios más altos, lo que tensionará también el recién estrenado Pacto Europeo de Migración y Asilo. Alemania va a vigilar de cerca los aviones procedentes de España para evitar la entrada de inmigrantes. Francia se niega a aceptar la libre circulación por Europa de los regularizados de Sánchez. Lo más sorprendente es que Sánchez impone por real decreto una convulsión social sin debate en el Parlamento ni en la Comisión Europea. España así se desmarca del criterio común europeo y sin el visto bueno de la UE.