Hay momentos en la vida de una nación en los que el deterioro político deja de ser simple disputa entre partidos para convertirse en un problema moral de primer orden. España parece encontrarse en uno de esos momentos. No se trata ya de alternancia, de discrepancia legítima ni de diferencias programáticas propias de una democracia plural. Se trata de algo más hondo: la sensación creciente de que el poder ha dejado de mirar al conjunto de la nación para encerrarse en una lógica de supervivencia, transacción y cálculo.
La política, cuando pierde el sentido de Estado, se convierte en una técnica de permanencia. Todo queda subordinado entonces a la aritmética parlamentaria, a la conservación del mando, al relato útil del día siguiente. La verdad se vuelve flexible, la ley se interpreta según convenga, las instituciones se tensionan, los adversarios son tratados como obstáculos que deben ser neutralizados y la nación común pasa a ser un instrumento negociable. Eso es, en esencia, el caos gubernativo: no solo desorden en la administración, sino confusión deliberada entre el interés general y la conveniencia del poder.
Frente al panorama de una clase política convulsa, la que gobierna y decide cada día cuál va a ser el sacrificio de los ciudadanos en aras a un eslogan progresista, mientras es imputada o testifica en los Tribunales de Justicia, hay otra menos visible pero mucho más real. Es la España que trabaja, que paga, que educa, que cuida, que cumple, que sostiene cada día el país sin necesidad de convertir su esfuerzo en propaganda. Una España de familias, autónomos, empresarios, funcionarios, agricultores, médicos, jueces, profesores, militares, guardias civiles, trabajadores y jóvenes que aspiran simplemente a vivir en una nación ordenada, libre y respetada. Esa sociedad civil contempla con creciente fatiga cómo la política oficial se aleja de las preocupaciones reales y se instala en una sucesión de pactos tácticos, gestos teatrales y conflictos inducidos.
Se trata de algo más hondo: la sensación creciente de que el poder ha dejado de mirar al conjunto de la nación para encerrarse en una lógica de supervivencia, transacción y cálculo
No conviene despreciar esa fatiga. En ella hay cansancio, desde luego, pero también una reserva moral. Muchos españoles no desean gritar más, sino ser mejor gobernados. No piden privilegios, sino igualdad. No reclaman consignas, sino verdad. No quieren una patria convertida en arma electoral, sino una nación compartida que garantice derechos, deberes y continuidad histórica. Esa España silenciosa no es débil. Es paciente. Y precisamente por eso conviene escucharla antes de que la paciencia se convierta en resignación o en ruptura definitiva con la vida pública. El patriotismo real nace ahí: no en la exaltación oportunista, sino en la responsabilidad cotidiana. Ser patriota no consiste en envolverse retóricamente en una bandera mientras se negocia la esencia misma de la nación. Tampoco consiste en invocar la Constitución cuando favorece y relativizarla cuando estorba. El patriotismo verdadero exige coherencia. Exige defender la igualdad de todos los españoles ante la ley, la independencia de las instituciones, la continuidad nacional y la dignidad del Estado, gobierne quien gobierne y convenga o no convenga electoralmente.
Ese patriotismo civil se opone tanto al rupturismo ideológico como al oportunismo político. La izquierda rupturista ha hecho de la impugnación de España una constante cultural: sustituye la nación por identidades enfrentadas, la ciudadanía común por agravios territoriales, la historia compartida por una caricatura culpabilizadora. Pero el oportunismo no es menos dañino cuando por miedo, cálculo o comodidad, acaba aceptando parte del lenguaje del adversario. Hay partidos que se presentan como defensores del orden constitucional y sin embargo cambian de énfasis según el escenario, la encuesta o la conveniencia europea del momento.
La verdad se vuelve flexible, la ley se interpreta según convenga, las instituciones se tensionan, los adversarios son tratados como obstáculos que deben ser neutralizados y la nación común pasa a ser un instrumento negociable
La sociedad española, ante este caos, debe empezar por recuperar una evidencia elemental: España no pertenece a ningún Gobierno. Los Gobiernos pasan; la nación permanece. Los partidos administran temporalmente el poder; la sociedad custodia la continuidad. Cuando esta distinción se olvida, todo se degrada. El poder empieza a comportarse como propietario de las instituciones y no como servidor de ellas. La ley se convierte en instrumento. La historia se usa como munición. La educación se coloniza. Los medios se alinean. Las palabras se vacían. Por ello, la respuesta de la sociedad civil no puede limitarse al lamento. La queja por sí sola, no reconstruye nada. Tampoco basta con esperar a que la política profesional corrija espontáneamente sus propios excesos, porque muchas veces vive precisamente de ellos. La regeneración de España solo será posible si la sociedad recupera conciencia de su papel histórico y actúa como verdadero contrapeso moral, cultural e institucional.
Lo primero que habría de hacerse es defender la verdad frente al relato. Una nación no puede vivir permanentemente sometida a la manipulación del lenguaje. Llamar concordia a la cesión, progreso al sectarismo, convivencia al chantaje o flexibilidad a la renuncia es una forma de corrupción moral. La sociedad civil debe exigir precisión, transparencia y responsabilidad. La mentira política no debe ser aceptada como astucia, ni la contradicción permanente como habilidad democrática. Cuando los ciudadanos dejan de esperar veracidad de sus gobernantes, la democracia se vacía por dentro.
Lo segundo es defender sin complejos la igualdad de todos los españoles ante la ley. Esa igualdad no es una fórmula jurídica fría. Es el fundamento mismo de la convivencia nacional. Sin ella, España deja de ser una comunidad de ciudadanos libres para convertirse en una suma de territorios con privilegios negociados. No puede haber patriotismo real si se acepta que la gobernabilidad dependa de concesiones particulares a quienes niegan la nación común. La igualdad no se trocea, no se subasta, no se aplaza.
Hay partidos que se presentan como defensores del orden constitucional y sin embargo cambian de énfasis según el escenario, la encuesta o la conveniencia europea del momento
Lo tercero es reconstruir una cultura cívica de exigencia institucional. Los jueces independientes, los funcionarios honestos, los cuerpos de seguridad, los servidores públicos leales al Estado y no al partido, necesitan sentir que la sociedad no los abandona. La defensa del Estado de Derecho no puede quedar reducida a una batalla corporativa ni partidista. Es una causa nacional. Sin instituciones neutrales, la libertad queda a merced del poder. Sin separación de poderes, la democracia se convierte en apariencia. Sin seguridad jurídica, el ciudadano deja de ser sujeto de derechos para convertirse en administrado vulnerable.
Lo cuarto es rechazar el sectarismo, incluso cuando se disfrace de patriotismo. España no necesita una sociedad civil fanatizada, sino despierta. No necesita reproducir los métodos de quienes dividen, insultan o manipulan. El patriotismo real exige firmeza, pero también altura moral; exige claridad, pero no histeria; exige memoria, pero no resentimiento. Defender España no es empobrecer el debate público, sino elevarlo. No es convertir al discrepante en enemigo, sino impedir que los enemigos de la nación común impongan sus condiciones al conjunto.
Lo quinto es recuperar la memoria nacional como elemento de cohesión. Ningún país sobrevive mucho tiempo si enseña a sus hijos a avergonzarse de su propia historia. España debe reconocerse de nuevo en su continuidad, con sus luces y sus sombras, sin complejos inducidos ni leyendas negras recicladas como doctrina escolar. La memoria no debe servir para dividir a los españoles, sino para recordarles que forman parte de una empresa histórica común, más antigua y más noble que cualquier coyuntura política.
La sociedad española, ante este caos, debe empezar por recuperar una evidencia elemental: España no pertenece a ningún Gobierno
Lo sexto es fortalecer los espacios intermedios de la sociedad: asociaciones, medios libres, universidades, academias, colegios profesionales, fundaciones, círculos culturales, familias y comunidades locales. Allí donde la sociedad se organiza libremente, el poder encuentra límites. Allí donde todo depende del Estado, la ciudadanía se vuelve más dócil y vulnerable. Una sociedad civil fuerte es aquella que no espera permiso para pensar, publicar, discrepar, reunirse y defender lo común, Una sociedad bien vertebrada es un seguro frente a intentos de fragmentarla.
España por tanto necesita una reacción serena, firme y profunda. No una explosión de ira pasajera, sino una recuperación de dignidad. No una mera sustitución de siglas, sino una reconstrucción del sentido nacional. No se trata solo de cambiar un Gobierno, sino de impedir que cualquier Gobierno pueda administrar España como si fuera una propiedad del poder. La nación no es botín, ni moneda de cambio, ni decorado sentimental. Es una comunidad histórica de ciudadanos libres que merece ser servida con lealtad.
Frente al caos gubernativo, la sociedad civil española debe abandonar la resignación. Debe exigir verdad, ley, igualdad, memoria, instituciones independientes y sentido de Estado. Esa es la tarea pendiente. Y quizá sea también la gran oportunidad de nuestro tiempo: recordar que cuando la política olvida a la nación, corresponde a la sociedad volver a pronunciar su nombre con claridad.