Sanchismo: la demolición silenciosa de España

No todas las crisis nacionales estallan de golpe. Algunas se instalan lentamente, como una humedad moral que primero mancha las paredes de la vida pública y después termina por pudrir la estructura entera del edificio. España atraviesa hoy una de esas crisis. No es una simple alternancia política, ni una discrepancia legítima entre partidos, ni siquiera una etapa de tensión parlamentaria. Es algo más hondo: una degradación institucional, moral y social que viene logrando convertir la excepción en costumbre, el abuso en procedimiento y la resistencia ciudadana en resignación.

El sanchismo, sostenido por la izquierda radical, por fuerzas comunistas y por partidos cuya razón de ser consiste precisamente en debilitar la idea de España, ha dejado de ser una fórmula de gobierno para convertirse en un sistema de poder. Un sistema que no se limita a administrar el Estado sino que pretende colonizarlo; que no se conforma con ganar votaciones, sino que aspira a redefinir las reglas del juego; que no busca gobernar dentro de los límites constitucionales, sino estirarlos hasta hacerlos irreconocibles.

El problema ya no es únicamente Pedro Sánchez. El problema es el método: la reducción de la política a supervivencia personal; la sustitución del Parlamento por el decreto; la conversión del Consejo de Ministros en una maquinaria normativa urgente; la utilización de la propaganda como anestesia colectiva; la dependencia permanente de minorías radicales o separatistas; y la identificación creciente entre la suerte personal del presidente y la suerte institucional de España.

Cuando un gobernante empieza a actuar como si el Estado fuera una extensión de su biografía, la democracia entra en una zona peligrosa. España no puede quedar subordinada a la necesidad psicológica, política o judicial de un solo hombre por continuar en el poder. Durante años se nos dijo que el parlamentarismo era la esencia misma de la democracia y que el Congreso era la sede de la soberanía nacional. Pero cuando el Parlamento incomoda al Gobierno, se pretende gobernar rodeándolo o reduciéndolo a un trámite molesto. La polémica sobre la posibilidad de “gobernar sin el Congreso” no es menor: el Ejecutivo puede aprobar decretos en ciertos supuestos, pero no sustituir la función legislativa ordinaria sin vaciar el sistema de su sentido.

Cuando un gobernante empieza a actuar como si el Estado fuera una extensión de su biografía, la democracia entra en una zona peligrosa

El decreto-ley, concebido constitucionalmente para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, se ha transformado en una forma de gobierno. Ya no aparece como excepción, sino como instrumento ordinario de dominio político. Cuando la urgencia se convierte en costumbre, la democracia pierde respiración. Pero el daño no se limita al procedimiento. Afecta también a la cohesión nacional. España se está fragmentando moralmente. La idea de ciudadanía común se debilita cuando el Gobierno depende de quienes no creen en la nación española como comunidad histórica y política. Se rompe la igualdad cuando la estabilidad del Ejecutivo se compra mediante concesiones territoriales o pactos opacos. Se destruye la confianza cuando millones de españoles perciben que la ley no actúa igual para todos.

Esa es la verdadera asfixia nacional. España respira cada vez peor porque el aire público está viciado por la mentira, la propaganda, la manipulación del lenguaje y la inversión de la realidad. Quien defiende la unidad nacional es presentado como reaccionario. Quien reclama control parlamentario es acusado de bloquear el progreso. Quien exige independencia judicial es señalado como enemigo del Gobierno. Quien denuncia la deriva autoritaria es caricaturizado como alarmista. Y sin embargo los hechos son tercos. El Congreso acumula decenas de proyectos de ley pendientes, síntoma de una legislatura bloqueada y de una mayoría parlamentaria inestable. Según información parlamentaria recogida por Servimedia, a fecha de abril de 2026 había 66 proyectos legislativos del Gobierno pendientes de tramitación. Una democracia en la que el Parlamento se bloquea pero el Ejecutivo intenta avanzar por vías laterales deja de funcionar con normalidad. Puede conservar la apariencia, pero pierde sustancia.

A ello se suma el deterioro exterior. España que durante décadas fue un socio occidental razonablemente fiable, aparece hoy envuelta en ambigüedades. Nuestro lugar natural está en Europa, en la comunidad atlántica, en la defensa de las libertades occidentales y en una política exterior seria y previsible. Sin embargo, la estrategia del Gobierno ha introducido confusión. La controversia sobre la posición española en la OTAN y las informaciones relativas a un correo interno del Pentágono que mencionaba la posibilidad de suspender a España —aunque el Tratado de Washington no contempla una expulsión— revela hasta qué punto la política exterior se ha convertido en un factor de incertidumbre.

Quien defiende la unidad nacional es presentado como reaccionario. Quien reclama control parlamentario es acusado de bloquear el progreso. Quien exige independencia judicial es señalado como enemigo del Gobierno. Quien denuncia la deriva autoritaria es caricaturizado como alarmista

Mientras tanto, Sánchez parece empeñado en proyectarse como referente de una izquierda internacional que ya no encuentra acomodo claro en las grandes democracias occidentales. Su aproximación a China puede presentarse como pragmatismo comercial, pero adquiere otra lectura cuando coincide con una creciente distancia retórica respecto a Estados Unidos. España no puede permitirse jugar a potencia equidistante cuando su seguridad, su defensa, su economía y su posición internacional dependen de alianzas claras.

Pero el problema más grave está dentro. La economía real de las clases medias y populares se deteriora mientras el Gobierno se envuelve en una retórica social cada vez más grandilocuente. Se habla de progreso pero muchas familias viven peor. Se habla de derechos pero aumenta la dependencia del subsidio. Se habla de justicia social pero se multiplica la carga fiscal sobre quienes trabajan, ahorran o sostienen modestamente sus hogares. El sanchismo ha entendido que una sociedad empobrecida, subvencionada y moralmente fatigada es más manejable que una sociedad libre, propietaria y exigente. Por eso el daño económico no puede separarse del daño político. El empobrecimiento no es solo una consecuencia: es también una forma de dependencia. Cuando el ciudadano deja de confiar en sus propias fuerzas y empieza a depender del favor administrativo, el poder gana terreno y la libertad lo pierde.

A esta situación se añade el cerco judicial que afecta al entorno político y familiar del presidente y al propio PSOE. Conviene ser rigurosos: la Justicia debe actuar con independencia y garantías. Nadie debe ser condenado fuera de los tribunales. Pero tampoco puede negarse que 2026 se ha convertido en un año judicialmente decisivo para el Gobierno, con causas e investigaciones abiertas. La cuestión política es evidente: un Gobierno cercado por investigaciones de esta gravedad no puede comportarse como si nada ocurriera. En una democracia sana, la acumulación de sospechas produciría dimisiones, explicaciones y comparecencias parlamentarias. En España, por el contrario, se responde con victimismo, ataques a la oposición, campañas de distracción y apelaciones al “progreso”.

Esta inversión moral es una de las marcas del tiempo presente. El poder ya no pide perdón: acusa. Ya no explica: señala. Ya no asume: resiste. Y esa resistencia no es virtud democrática, sino degradación institucional. Porque una cosa es defender la estabilidad del país y otra convertirla en coartada para permanecer en el poder a cualquier precio. Por eso la situación es insoportable. España empieza a parecer un país atrapado en una anomalía prolongada. Un país en el que todo escándalo queda absorbido por el siguiente, donde la mentira envejece antes de ser juzgada, donde la ley llega tarde y el poder gana tiempo. Un país donde las instituciones siguen en pie, pero su autoridad moral se erosiona día tras día.

Es necesaria una alianza de salvación nacional. No una alianza partidista ni una suma oportunista de siglas. Una alianza moral y constitucional: para restaurar el Parlamento, garantizar la independencia judicial, recomponer la igualdad entre españoles, devolver seriedad a la política exterior, proteger a las clases medias y frenar la colonización ideológica del Estado.

Ante este panorama no basta con esperar. La Justicia debe cumplir su función pero no puede ser la única muralla de contención. También la política debe reaccionar. Los líderes constitucionales, las fuerzas responsables, la sociedad civil, los cuerpos intermedios, los intelectuales, los empresarios, los jueces, los periodistas libres y los ciudadanos conscientes deben comprender que España no vive un episodio pasajero, sino una prueba histórica.

Es necesaria una alianza de salvación nacional. No una alianza partidista ni una suma oportunista de siglas. Una alianza moral y constitucional: para restaurar el Parlamento, garantizar la independencia judicial, recomponer la igualdad entre españoles, devolver seriedad a la política exterior, proteger a las clases medias y frenar la colonización ideológica del Estado.

España se diluye como un azucarillo si quienes pueden impedirlo prefieren esperar o mirar hacia otro lado. Hay momentos en que la prudencia se convierte en cobardía. Y hay momentos en que la moderación deja de ser virtud para transformarse en complicidad. El sanchismo ha llevado a España a un límite peligroso. La respuesta no puede ser el cansancio ni la resignación. Hace tiempo llegó la hora de que quienes aún creen en España actúen con inteligencia, firmeza y sentido histórico.