El derecho de asilo es un derecho internacional, en España, el artículo 23.1 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, establece que la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, será el órgano competente para la tramitación de las solicitudes de protección internacional.
La condición se reconoce a toda persona que, "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él". Y hace años así era, la figura del asilo era una figura de uso muy limitado solicitada por personas en verdadero riesgo, pero ahora, se utiliza como si de un procedimiento ordinario para conseguir la nacionalidad más se tratase, por personas que pretenden regularizar su situación sin estar en ninguna situación de peligro, lo cual, está generando un verdadero atasco administrativo dado que hay cientos de solicitudes pendientes de resolver.
Ahora, esta figura se ha convertido en un coladero para la inmigración ilegal. Si el viernes pasado les contábamos que la entrada ilegal de inmigrantes se ha disparado desde que Sánchez entró en Moncloa, pasa lo mismo con los solicitantes de asilo. Según datos del Ministerio de Interior, en 2017 se registraron 31.740 solicitudes; en 2018 el número empieza a subir, a 55.749; en 2019, con Sánchez ya instalado, el número se disparó hasta los 118.264 solicitantes; en 2020, con la crisis sanitaria la cosa se moderó levemente y se registraron 88.762. Los funcionarios encargados del estudio de las solicitudes han resuelto desfavorablemente en la mayoría de los casos por no observar que se cumplan los requisitos anteriormente expuestos.
Por grupos de edad, las personas que piden asilo en España son mayoritariamente gente joven, entre 18 y 34 años. Y por Comunidades Autónomas, Madrid es la que tiene más peticiones al año, seguida de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias.
Según el último informe del Ministerio del Interior, que recoge datos relativos a 2021, una de cada 10 personas que llega a España en busca de asilo lo hace alegando haber sufrido persecución debido a su orientación sexual o a su identidad de género.
Algo muy significativo es el lugar de la presentación de la solicitud: la mayoría se presentan en territorio nacional. Por ejemplo, en 2019, se presentaron en un C.I.E. 2.164 solicitudes, 307 en embajadas, 7.020 en un puesto fronterizo y 108.773 en el territorio nacional, y esta tendencia se repite año tras año. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que son personas que no están buscando la vía para huir del país, sino que ya viven fuera de éste, en concreto, en España y de manera ilegal.