"Tras años de amenazas, una agresión en 2020 y más de 10 denuncias archivadas, ahora enfrento una gran ofensiva judicial en Madrid. ACO y el centro de menas de Hortaleza han presentado denuncias contra mí, usando incluso la LOPD (Ley Oficial de Protección de Datos) para atacar mi trabajo. Se me acusa de delito de odio (art. 510 del Código Penal que implica hasta cuatro años de cárcel), revelación de secretos e irregularidades por el mero hecho de publicar datos oficiales. 

 

 

Lo expone el propio Rubén Pulido en su red X, en la que añade: "No quiero rendirme. Acabo de activar un nuevo GoFundMe para cubrir la defensa legal, la contraofensiva judicial y continuar mi investigación. Vuestra ayuda es clave. Gracias de corazón."

Y no es la primera vez que este experto en inmigración, denuncia amenazas, hasta de muerte... por investigar y criticar la inmigración ilegal y descontrolada en España con datos, fuentes oficiales y rigor.

 

Recordar, relacionado con el centro de menas de Hortaleza, que es el mismo centro del que salió el falso mena -tenía 23 años- que violó a una niña de 14 años. Y que, por cierto, gracias a la 'extraordinaria' regularización del Gobierno Sánchez, podría ser legalizado. 

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Así están las cosas: la situación de Pulido, como la de Samuel Vázquez o la de Ricardo Ferris (ambos absueltos de las acusaciones que afrontaron por relacionar inmigración ilegal con delincuencia), es la de quienes defienden la realidad, con cifras oficiales y se enfrentan a amenazas, sanciones o, incluso, agresiones físicas. 

Pero, en España, priman ante todo el ejercicio de la libertad de expresión, la lucha contra los delitos de odio y el rechazo a la violencia. Lo pregona una y otra vez don Pedro Sánchez.