Según el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, presentado hoy por Cáritas Española y la Fundación FOESSA, la precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad, afectando a casi la mitad (47,5%) de la población activa. Se trata de 11,5 millones de personas atrapadas en diversas formas de inseguridad laboral, señalan en su nota de prensa.  

 

Además, el 45% de la población que vive en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, la cifra más alta de la UE. 

El IX Informe FOESSA explica que pese a las dificultades que afrontan a diario los hogares en exclusión severa, tres de cada cuatro activan estrategias de inclusión, es decir, buscan empleo, se forman, activan redes y ajustan gastos, pero chocan con barreras estructurales, se topan con dispositivos fragmentados, con recursos escasos y muy poco personalizados. La activación en estos hogares pasó del 68% en 2021 al 77% en 2024.

 

Por ello, Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del informe, ha subrayado que “el mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión, esa idea de que viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones o emprender acciones para su inclusión, es falsa. Esta realidad demuestra que no fallan las personas, falla el sistema”.

Los principales motores de la exclusión social en España son la vivienda y el empleo. “La vivienda es hoy el factor que está activamente reconfigurando nuestra estructura social, expulsando a uno de cuatro hogares de una vida digna, y triturando el difícil equilibrio de las clases medias”, aseguró Flores.

Otro dato que destaca este informe es que si una persona no consigue completar estudios superiores a la ESO, su riesgo de caer en exclusión severa se multiplica por 2,7.

Por otra parte, los hijos de personas con bajo nivel educativo tienen más del doble de probabilidades de caer en situaciones de pobreza que los de progenitores altamente formados.

“La conclusión del informe es un golpe a nuestra promesa de igualdad de oportunidades. La exclusión social se hereda, y es necesario actuar para compensar las desigualdades de origen porque el código postal y la mochila familiar pesan más que la capacidad y que el esfuerzo”, indicó el secretario técnico de la Fundación FOESSA.

Asimismo, según este estudio elaborado por un equipo de 140 investigadores procedentes de 51 universidades, centros de investigación, fundaciones y entidades del Tercer Sector, el 6% de las familias más vulnerables que tenían una enfermedad grave no recibió atención médica el año pasado, el doble que en el conjunto de la sociedad.

La desigualdad salarial se enquista, golpeando especialmente a la juventud, que accede a su primer empleo en peores condiciones y con salarios entre un 15% y un 30% inferiores a las generaciones anteriores, rompiendo el equilibrio intergeneracional. Este “efecto cicatriz” que persiste sobre los salarios y la trayectoria laboral, genera pérdidas salariales acumuladas significativas a lo largo de la carrera profesional.

“Esta no es una ‘crisis juvenil’, es una crisis de sociedad que nos hipoteca a todos: fractura la cohesión social, amenaza la sostenibilidad del Estado de Bienestar (pensiones, natalidad) y deteriora nuestra salud democrática”, precisó el coordinador del estudio.

La fuente principal de esta investigación ha sido la sexta Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA), realizada en el primer semestre de 2024 a 12.289 hogares en todo el país y cuyos datos podrán explotarse próximamente a través de la web de la Fundación FOESSA.