Murcia. Una agente de la Guardia Civil es agredida por una mujer en el Puesto Municipal de Mazarrón y la Justicia ordena el archivo del caso

Una patrulla de la Guardia Civil se vio obligada a intervenir, ante los altercados causados por una mujer en una zona de ocio del murciano Puerto de Mazarrón. La implicada, que presentaba signos evidentes de embriaguez y se encontraba alterando el orden público, se negó a identificarse hasta en cuatro ocasiones. Durante la intervención, profirió insultos constantes y terminó agrediendo físicamente a una de las agentes mediante un golpe en el pecho. 

Jucil ha mostrado su profunda indignación y rechazo ante la reciente decisión judicial de archivar la causa por dicha agresión. La asociación considera “inaceptable” y “fuera de lugar” que se desestimen hechos de esta gravedad bajo el argumento de una supuesta falta de indicios, lo que deja a los agentes de la autoridad en una situación de absoluta vulnerabilidad.

A pesar de que la agresora continuó provocando graves altercados, gritos e insultos en las dependencias oficiales -siendo investigada por un delito de resistencia grave y desobediencia-, la fiscalía solicitó el archivo de la causa al día siguiente. El Ministerio Fiscal justificó su decisión alegando que no existen indicios suficientes para una condena, una resolución que ha causado estupor en la Benemérita.

Para Jucil, el archivo de este caso supone un ataque directo a la dignidad de los guardias civiles y una preocupante pérdida de autoridad. “No es de recibo que una agresión física y un desprecio absoluto a la ley salgan gratis”, denuncian desde la asociación. JUCIL advierte que este tipo de decisiones judiciales envían un mensaje de impunidad a los delincuentes, sugiriendo que agredir a un agente de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado no tiene consecuencias reales.

“Esta decisión provoca una indefensión total en quienes deben protegernos. Se está dando a entender que los agentes pueden ser golpeados e insultados sin que el sistema judicial actúe con la firmeza necesaria”, señalan desde la asociación, que exige una revisión de los protocolos de protección jurídica para sus miembros y reclama que la consideración de “agente de la autoridad” no sea una mera etiqueta, sino un respaldo efectivo ante los tribunales frente a quienes emplean la violencia contra la Benemérita.

Casos como estos ahondan en la petición que recientemente llevaron a Bruselas Jusapol, Jupol y Jucil para que se reconozca la profesión de riesgo de todos los guardias civiles y policías nacionales.