El Gobierno Sánchez ha dado instrucciones a las cárceles españolas para facilitar la «regularización» de presos extranjeros.
Traducción: lo mejor de cada casa será regularizado en España. Presos condenados por distintos delitos, recibirán papeles en el país.
Rubén Pulido lleva años "denunciándolo con nombres y apellidos, y esto no es nada nuevo". Es la norma que lleva funcionando desde hace tiempo. Recuerden el caso de Tarik El Malki, que hice público hace dos años: marroquí que entró ilegalmente en Melilla en 2012 con 18 años. Delitos a mansalva, seis condenas, prisión, expediente de expulsión que Marruecos se pasa por el forro… y al salir libre, cobrando subsidio por desempleo.
Llevo años denunciando todo lo que ahora se vende como "exclusiva". ¡¿Qué cojones exclusiva?! Permítanme el alarde de hartazgo, porque es jodidamente duro ver cómo te pasas años predicando en el desierto y, de repente, todo lo que denunciabas se rentabiliza a golpe de clic y… https://t.co/0kkYc074fM
— Rubén Pulido (@rubnpulido) April 20, 2026
🇲🇦 Os voy a contar la historia de Tarik El Malki, me la juego haciéndolo, pero también se la juega otro valiente anónimo (mi fuente).
— Rubén Pulido (@rubnpulido) June 30, 2024
ℹ️ Tarik El Malki llegó ilegalmente a #Melilla con 18 años, en el año 2012. En diciembre de ese mismo año cometió su primer delito.
⚠️ Desde… pic.twitter.com/05eh65t8Zs
El experto en inmigración añade: "Esto no es un caso aislado, nada en torno a esta debacle fronteriza lo es. Es el sistema. Inmigrantes ilegales multirreincidentes entran, delinquen, cumplen condena y salen con prestaciones, subsidios y un camino exprés a la regularización mientras el contribuyente español paga la factura. Expulsiones que nunca se ejecutan. Prebendas garantizadas por ley y por inacción".
Volviendo a las instrucciones de Moncloa sobre este asunto, según La Gaceta, la medida, que no ha sido anunciada públicamente, figura en una comunicación interna de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en aplicación del Real Decreto aprobado el pasado 14 de abril. En ella se insta a los centros penitenciarios a identificar a los internos extranjeros susceptibles de regularización y colaborar activamente en la tramitación de sus solicitudes.
El documento, firmado por el director general de Ejecución Penal, Miguel Ángel Vicente Cuenca, obliga en la práctica a las prisiones a implicarse en tareas administrativas ajenas a su función habitual, reforzando la coordinación con oficinas de extranjería y delegaciones del Gobierno.
El Ejecutivo justifica la decisión en la necesidad de evitar que los internos queden en situación ilegal tras cumplir condena, aunque la medida afecta a un colectivo especialmente sensible: más del 30% de la población reclusa en España es extranjera, superando las 15.000 personas, en su mayoría procedentes del norte de África.
Ya sólo falta que, en el entretanto, mientras cumplen sus condenas y antes de ser regularizados, cumplan sus condenas en 'cárceles amables', como la que se abrirá en Barcelona, con un diseño-concepto, innovador, sobre todo para los 800 presos, en condiciones de semi-libertad, que albergará, en un modelo, defendido por la Generalitat de Illa, como «clave para la reintegración social».