España no atraviesa un momento cualquiera. Lo que está en juego no es solo una orientación política ni el desgaste de un gobierno concreto, sino algo más profundo: la calidad de nuestras instituciones, la vigencia real de la ley y la salud moral de la vida pública e incluso nuestra propia identidad territorial. Así lo he señalado en distintos artículos en los últimos meses. Hoy, esa advertencia se convierte en urgencia.

En situaciones como la actual, la pasividad deja de ser neutral. Cuando el poder invade espacios que no le corresponden, cuando la mentira se normaliza y cuando el sectarismo sustituye al diálogo, la sociedad civil no puede limitarse a observar. Tiene la obligación de reaccionar. Durante demasiado tiempo se ha reducido la política a una pugna de intereses partidistas. Pero hay principios que no admiten relativización: la libertad, la igualdad jurídica, el respeto institucional, la unidad de España y la dignidad de los ciudadanos. Estos valores no pertenecen a ningún partido. Son el patrimonio común de la nación.

Frente al ruido, la propaganda, y la descalificación sistemática, España necesita una respuesta cívica clara. No basta con la crítica en privado ni con la indignación en las redes. Hay momentos en los que la presencia en el espacio público se convierte en una forma legítima de afirmar principios. En esa línea se sitúa la convocatoria de la plataforma Sociedad Civil Española que agrupa a más de ciento cincuenta asociaciones, y que ha llamado a los ciudadanos a participar en una Marcha por la Dignidad en Madrid, el sábado 23 de mayo a las 10:30 horas, con salida en la Plaza de Colón. La iniciativa busca canalizar la indignación creciente ante la situación política e institucional y exigir responsabilidades y su dimisión al presidente del Gobierno.

Sin embargo, lo esencial no es el lema sino el significado. La convocatoria expresa que existe una España que no acepta la degradación de la convivencia, que rechaza la instrumentalización de las instituciones y que se niega a asumir como normales prácticas que erosionan la democracia. La dignidad en política implica reconocer que existen límites. Implica entender que no todo es legítimo para conservar el poder. Implica en definitiva, defender una nación de ciudadanos libres frente a cualquier intento de reducirla a una suma de intereses sometidos.

Por eso, la sociedad civil debe dar un paso al frente. Debe asumir la defensa de la libertad y del sentido común como tareas propias. No por oposición a nadie, sino por responsabilidad con todos, entendiendo que la libertad tiene siempre un precio, como es la permanente implicación ciudadana y no la simple dejación a los poderes públicos de algo que nos concierne a todos y a cada uno en particular.

La cita en Madrid adquiere así un valor que va más allá de la coyuntura. Es una oportunidad para que ciudadanos de toda clase y condición política, asociaciones y colectivos expresen de forma clara su compromiso con una España basada en la ley, la verdad y la convivencia. Hay momentos en los que no basta con tener razón: es necesario decirla y sostenerla. Y este es sin duda, uno de esos momentos urgentes para recuperar nuestra dignidad nacional. España siempre sale adelante cuando la ciudadanía se compacta para un solo fin, y en este caso: la dimisión del gobierno.