La asociación profesional de la Guardia Civil, Jucil, ha activado un plan de acción urgente ante el inminente y total desalojo de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de la localidad madrileña de Torrelaguna por riesgo estructural. El cierre afecta a ocho familias, incluidos menores y una mujer embarazada, y pone en jaque la seguridad de 30.000 ciudadanos al comprometer la operatividad de la unidad.

La asociación se ha dirigido formalmente a la Secretaría de Estado de Seguridad (SES), la Delegación del Gobierno en Madrid, el Ayuntamiento de Torrelaguna y la Comandancia de Madrid para exigir soluciones inmediatas.

Por un lado, a la Secretaría de Estado de Seguridad (SES) y Delegación del Gobierno les ha reclamado alojamiento digno y urgente para las familias, lo más cerca posible de Torrelaguna, además de una dotación presupuestaria de emergencia para sufragar los gastos de mudanza, traslado y realojo temporal de los afectados -con una estimación inicial no inferior a dos millones de euros-, y fondos para la reconstrucción de las instalaciones ruinosas a través de un expediente de urgencia.

Por otro lado, tanto al Ayuntamiento de Torrelaguna como al resto de alcaldes afectados les ha solicitado formalmente una audiencia para buscar soluciones conjuntas. Y, finalmente a la Comandancia de Madrid le ha requerido información detallada de la situación actual y las medidas de realojo, así como acceso al informe técnico del arquitecto para conocer los daños exactos del inmueble y la catalogación del riesgo de derrumbe.

La urgente necesidad de abandonar los inmuebles, comunicada a los agentes el pasado 19 de noviembre, está motivada por un informe técnico que al parecer detecta un avance significativo de grietas que afectan a la estructura del edificio y la presencia de cavidades en el suelo, impidiendo garantizar la seguridad de los agentes y sus familias. Esta situación es la culminación de un proceso iniciado a finales de 2024, cuando la Delegación del Gobierno ya obligó a desalojar las dependencias oficiales y dos viviendas, siendo reubicadas las oficinas en un local provisional.

El principal problema a día de hoy radica en la situación de las ocho familias que residen en el acuartelamiento, cuatro de ellas con menores a su cargo. "No existen viviendas oficiales disponibles en la Comunidad de Madrid para su adjudicación inmediata, y la escasa oferta de alquiler en la zona, sumada a los precios elevados, deja a nuestros compañeros y sus familias en una situación de indefensión y con escaso margen de tiempo para el realojo," señalan desde Jucil.

El cierre total del edificio no solo impacta a las familias, sino que afecta directamente a la unidad que da servicio a más de 30.000 habitantes de localidades como Torrelaguna, Cabanillas, Patones, Venturada, Redeña, Torremocha, Berrueco y La Cabrera.

Ministro Marlaska, ¿obligará a estas familias a okupar algún edificio? ¡Ah, no! Si la okupación no existe...