Al menos 400.000 inmigrantes en situación ilegal han accedido al proceso de «regularización» extraordinaria impulsado por el Gobierno sin reunir uno de los requisitos esenciales fijados por el propio Ejecutivo: acreditar una residencia continuada en España durante, como mínimo, los cinco meses anteriores al 1 de enero de 2026. Los especialistas de Extranjería atribuyen esta cifra al fuerte «efecto llamada» generado por la medida, que habría incentivado la llegada de miles de personas desde otros países europeos con políticas migratorias más restrictivas.
Así lo determina un informe de la Policía Nacional avanzado por The Objective.
Las estimaciones policiales sostienen que el volumen final de solicitudes confirma las advertencias realizadas meses atrás. Mientras el Gobierno defendía que la regularización afectaría aproximadamente a 500.000 personas, el Ministerio de Migraciones anunció a finales de junio que se habían registrado 1,17 millones de peticiones. Para los responsables policiales consultados, esa diferencia sólo puede explicarse por un incremento extraordinario de los flujos migratorios producido tras el anuncio de la medida, es decir, por un efecto llamada.
Los responsables policiales sostienen que el incremento hasta los 1,17 millones de expedientes presentados avala sus advertencias iniciales y sitúa el efecto llamada en un mínimo de 400.000 personas que habrían llegado expresamente a España para intentar beneficiarse de un proceso de regularización que califican de excepcional. Según explican, esos desplazamientos se habrían producido utilizando rutas aéreas, terrestres o una combinación de ambas.
Pese a estas estimaciones, la Policía reconoce que demostrar de forma individualizada qué solicitudes se apoyan en documentación fraudulenta resulta especialmente complejo. Los agentes señalan que el Ministerio de Migraciones optó por dejar al margen al Cuerpo en parte de las funciones esenciales relacionadas con la tramitación de los expedientes y externalizó buena parte del procedimiento administrativo, una decisión que, según fuentes de Extranjería, dificulta la detección de posibles irregularidades durante el proceso de regularización.
Así, nos encontramos con casos como el de tres inmigrantes ilegales de origen magrebí que fueron detenidos por la Ertzaintza, tras cometer un robo con fuerza en una vivienda de Baquio (Vizcaya). Según fuentes policiales consultadas por La Gaceta, los arrestados son tres varones de 30, 23 y 20 años que llevan menos de un año en el País Vasco. Los tres son solicitantes de la regularización decretada por el Gobierno.
Las fuentes policiales destacan el perfil reiteradamente delictivo de los arrestados. Entre los tres suman más de treinta detenciones anteriores por robos, hurtos y otros delitos contra la propiedad. A pesar de este extenso historial, los tres se encontraban en situación ilegal en España y habían logrado permanecer en el País Vasco durante los últimos meses. Según las mismas fuentes, los detenidos forman parte de un perfil cada vez más habitual; inmigrantes ilegales de origen magrebí que, tras entrar en España, pasan a dedicarse a la delincuencia patrimonial, especialmente robos en viviendas, y que ahora aparecen como solicitantes del proceso de regularización abierto por el Gobierno.