Lo ocurrido en la ciudad catalana de Sant Adrià de Besós demuestra la impunidad con la que actúan los okupas. Por segundo mes consecutivo el pleno del Ayuntamiento se ha tenido que celebrar de manera telemática porque los okupas amenazan a los concejales y no se puede garantizar la seguridad. 

La situación ha sido denunciada por PP y Vox que lo ven una cesión a los okupas del barrio de la Mina. El portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento, Toni Balboa, ha criticado con dureza la medida adoptada por el equipo de gobierno: "No podemos doblar la rodilla ante la gente que se quiere saltar la ley o que pretende tomarse la justicia por su mano. La ley debe imperar para todos de la misma manera, y capitular ante familias okupas enviando el pleno a internet es un síntoma de debilidad institucional intolerable".

"Lo que tiene que primar en el Ayuntamiento es la voz de los adrianenses, que está legítimamente representada en este pleno. No puede ser que la voz de los vecinos de Sant Adrià esté secuestrada por la inacción de este ejecutivo".

Por su lado, la portavoz del PP en el pleno de Sant Adrià, Irene Pardo, también ha criticado la decisión: "El PSC quiere que nos acostumbremos al miedo, por eso, a los tiroteos semanales, a los machetazos y los tirones de bolso en aumento, le llaman: “casos aislados”. Queremos caminar tranquilos por nuestros barrios sin recibir un balazo".

El problema viene de lejos, en el 2017 se produjo la okupación masiva de los bloques del barrio de la Mina. Este año comenzaron los desalojos, para ceder las viviendas a otros vecinos que lo necesitan por el inminente derribo de su edificio. Los okupas son conflictivos y no quieren irse, de hecho han reokupado pisos ya desalojados. Tienen amenazados a los concejales y la decisión del Ayuntamiento socialista es ceder ante el chantaje. Total, la okupación no existe. 

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