Hagamos un poco de memoria: Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno mediante una moción de censura sustentada en la corrupción y hacía moralmente inviable la continuidad de Mariano Rajoy, entonces al frente del Ejecutivo. Lo hizo con una tesis brillante donde se cuestionaba la higiene democrática. Según aquel razonamiento, la mera existencia de una sombra de corrupción -ya no de un delito o un miembro imputado del gobierno-, justificaba, un cambio inmediato de gobierno.

Si hay algo que vuelve con la fuerza de un búmeran, es la hemeroteca, y la izquierda política de este país, ocho años después, resulta inevitable recordar aquellas palabras, y el demoledor discurso de José Luis Ábalos sobre la regeneración democrática, ungido por socios del gobierno que votaron a favor de la moción, y hasta hoy, que todavía le mantienen en el poder pese a las evidencias palmarias de corrupción.

Hoy el Gobierno se encuentra rodeado por una sucesión de investigaciones, imputaciones, escándalos y sospechas que afectan a distintos ámbitos de su entorno político, familiar y partidista. Los casos relacionados con Ábalos, quien fuera uno de los hombres más poderosos del sanchismo, y su colaborador Koldo García han golpeado el corazón mismo del proyecto político que gobierna España. Hablamos de personas que ocuparon posiciones de máxima confianza, colocadas por Pedro Sánchez, tras la purga correspondiente de dudosos que pudieran dejar de serle fiel.

Y ante la hecatombe, la reacción del presidente es diametralmente opuesta a la que exigió en 2018. Donde antes reclamaba responsabilidades inmediatas, ahora se exige presunción de inocencia como requisito de justicia democrática. Cuando entonces se consideraba insoportable la corrupción, hoy parece ser que es quien mece la cuna sin que ello suponga, aparentemente, que altere la estabilidad del Gobierno.

El pasado 24 de junio, se celebró una sesión sobre el Estado de la Nación, donde Sánchez tuvo que salir a la tribuna a dar explicaciones. Su puesta en escena, descamisado y sin corbata, puso en práctica un discurso que era más el análisis de un perito judicial que la altura política de un presidente del gobierno. A la defensiva, con matices de ironía y cinismo a espuertas, marcó distancia con los inculpados, ya condenados a cárcel, y salvó los muebles de su familia y su relación con José Luis Rodríguez Zapatero. Trató de ponerse la venda antes de la herida en vistas a lo que mas pronto que tarde serán los próximos juicios y condenas de su entorno familiar y político, de los que precisamente quiso poner a salvo en su disertación.

Pero si nos quedáramos con estos apuntes, faltaríamos gravemente a la cuestión de fondo, que no es únicamente judicial, es sobre todo institucional -a lo que Sánchez, por supuesto, no citó en ningún momento-, porque el peligro para la estabilidad del país y mostrar seguridad jurídica, es actuar precisamente como garante de los controles democráticos y no hacer uso de las instituciones como mecanismos de autoprotección como el Tribunal Constitucional, la fiscalía o la abogacía del Estado usada como un bufete propio. La democracia no depende exclusivamente de las leyes. Depende también de la existencia de contrapesos capaces de limitar al gobernante y cuando se debilitan porque se mancillan con personajes a las órdenes del gobierno, el sistema se resiente indefectiblemente.

Sánchez no convenció nada más que a su bancada y a Bildu, ¡cómo no! El resultado es una sensación cada vez más extendida entre muchos ciudadanos, de que las reglas son distintas según quién ocupe el Gobierno, o peor, que se legisla para que el gobierno actúe en y desde la impunidad. Y es que esa percepción resulta devastadora para cualquier democracia.

A la preocupación hay que añadir la actitud de una parte del ecosistema mediático. Un verdadero frente de informaciones que deberían suscitar preguntas incómodas que, sin embargo, se han convertido en numerosos altavoces que se dedican a reinterpretar los hechos, relativizar las responsabilidades o dirigir la atención hacia otros asuntos. Y a quien se dedica a investigar la corrupción, se le desacredita.

El ejemplo más clamoroso del momento es lo sucedido con Víctor de Aldama. Algunos sectores han criticado cualquier beneficio procesal derivado de su colaboración con la Justicia. Sin embargo, conviene recordar que este Gobierno defendió público, precisamente, ese mismo principio cuando indultó a José Luis Peñas, el denunciante del caso Gürtel. Por entonces, el ministro Félix Bolaños fue explícito: quien colabora con la Justicia merece el apoyo del Estado. Si el principio parece impecable, lo preocupante es que deje de aplicarse cuando las revelaciones afectan al poder actual.

Quizá, solo quizá, exista cierto temor a otros personajes que desde otras de las tramas de corrupción comiencen a hablar también para salvar su libertad, como pudieran ser Leire Diez o Julito Martínez, testaferro -¿o tonto útil?- o la Gertru secretaria de Zapatero.

Al final, la cuestión central no es Pedro Sánchez, ni José Luis Ábalos, ni Koldo García. La cuestión es si en España la democracia y la responsabilidad política acompaña a la responsabilidad judicial o si, por el contrario, avanzamos hacia un modelo en el que la supervivencia del poder justifica cualquier contradicción.

Las elecciones no son únicamente un mecanismo para elegir gobernantes. Son también una herramienta para restaurar la confianza cuando ésta se ha quebrado.

Próspero viento (Esfera de los libros), de Andrés Trapiello. Se trata de ensayo de carácter autobiográfico en el que su autor entrelaza su propia trayectoria con la evolución política y social de España desde los últimos años del franquismo hasta la actualidad. Impulsor de la recuperación de figuras como Chaves Nogales, Clara Campoamor o Elena Fortún, representantes de una «tercera España» alejada de los extremismos, el autor reflexiona sobre el origen de la hegemonía cultural de la izquierda y los nacionalismos, así como sobre su influencia en la interpretación del pasado y la creciente división entre españoles.

Extraños compañeros de trama (Deusto), de Rubén Arranz. En mayo de 2018, José Luis Ábalos defendió la moción de censura contra Mariano Rajoy denunciando la existencia de un sistema de corrupción institucional y prometiendo, junto a Pedro Sánchez, regenerar la vida pública española. Ocho años después, el balance resulta controvertido. Este libro analiza cómo el poder ha extendido su influencia sobre instituciones, empresas y medios, mientras diversos escándalos afectan al entorno político y familiar del presidente. Una investigación sobre las redes de poder y las formas de corrupción que más erosionan la democracia.

La vacuna contra la insensatez (Ariel), de José Antonio Marina. Interesantísimo texto, ahora que nos llega un sunami de información y desinformación desde la política, con un gobierno a la defensiva, una oposición cada día más refortalecida y una ciudadanía agotada. El ensayo explora cómo ciertas ideas actúan como auténticos “virus mentales”, alterando nuestra percepción de la realidad y favoreciendo la manipulación. Esta obra ofrece herramientas para fortalecer el pensamiento crítico, detectar sesgos y comprender las limitaciones de nuestra mente. Un ensayo necesario para orientarse en una época marcada por la desinformación y la confusión.