La Guerra Civil empieza antes del 18 de julio

Del 18 de julio de 1936, se ha desarrollado un relato acomodado a los intereses que justifican los errores y los horrores del Frente Popular, que van desde el inicio de la II República hasta la pérdida de la guerra y, posteriormente, la dictadura franquista, de que todo fue malo. Pero conviene ver y analizar los hechos reales.

Noventa años después, seguimos contemplando aquel acontecimiento desde posiciones ideológicas interesadas, más que desde el estudio tranquilo de los hechos, porque la historia cede su lugar con demasiada frecuencia al relato político.

La Guerra Civil fue una tragedia inmensa. Supuso el fracaso colectivo de una nación incapaz de resolver sus conflictos por vías pacíficas y el comienzo de casi tres años de violencia fratricida que dejó cientos de miles de muertos y heridas sociales que tardaron generaciones en cicatrizar. Pero precisamente por respeto a esa tragedia resulta imprescindible evitar la visión simplista de buenos y malos, víctimas y verdugos, porque, es verdad, todo hubo de todo en ambos bandos, pero, lo digo desde ahora, que no mitad y mitad, que la fuerza revolucionaria de corte soviético actuó violentamente desde mucho antes del año 1936, como veremos a continuación.

Con frecuencia se presenta el 18 de julio como el origen absoluto del conflicto, con una identificación falsa de facto, y que se ha tratado siempre como un vulgar y sórdido golpe militar contra una democracia plena y consolidada. Sin embargo, la guerra no comenzó en ese día. Existen prolegómenos antes del 18 de julio que determinaron hechos decisivos que hoy apenas ocupan espacio en el relato oficial.

En octubre de 1934, tras la victoria electoral del centro-derecha, sectores del socialismo revolucionario promovieron una insurrección armada, especialmente intensa en Asturias con más de 1.500 muertos, con el propósito declarado de impedir el funcionamiento del sistema parlamentario. Aquella revolución representó un desafío directo a la legalidad republicana. Fue un intento revolucionario contra un gobierno surgido de las urnas.

Dos años después, en las elecciones de febrero de 1936, están documentadas graves irregularidades durante el proceso electoral y en el recuento posterior, hasta el punto de cuestionar la limpieza democrática del proceso y resulta innegable que aquellos comicios estuvieron marcados por una enorme tensión política y por un deterioro de las garantías institucionales.

A partir de ese momento, el clima social se deterioró aceleradamente. Se multiplicaron los incendios de iglesias y conventos, las ocupaciones ilegales de tierras, las agresiones políticas, los asesinatos, los atentados y las intimidaciones con lo que se terminó llamando el terror rojo. La violencia dejó de ser excepcional y se convirtió en la cotidianidad de la vida pública y social, tanto en las grandes urbes como en lo rural. Comenzaron a surgir comités revolucionarios y centros de detención ilegales que serían conocidos como checas, mientras el Estado mostraba una creciente incapacidad —o falta de voluntad— para garantizar el orden y protección a los ciudadanos.

El punto de no retorno se produce en la madrugada del 13 de julio de 1936, cuando fue detenido José Calvo Sotelo —entonces el líder de la oposición parlamentaria— ilegalmente en su domicilio por miembros de la Guardia de Asalto, acompañados de militantes socialistas. Horas después apareció muerto con un disparo en la nuca. No se trataba únicamente del asesinato de un dirigente político; fue el crimen cometido por Luis Cuenca Estevas y otras personas vinculadas a las propias fuerzas encargadas de mantener el orden público. De quién da la orden no hay prueba documental, pero la participación de afiliados al PSOE, y el hecho de no haber tenido la intención por el partido de esclarecer el asesinato y dirimir las responsabilidades personales, les convierte en cómplice silente.

El 18 de julio, cinco días después, el ejércitose levantó fundamentando su actuación sobre tres grandes argumentos: la existencia de un estado de necesidad ante el colapso institucional; el derecho de legítima defensa frente a un proceso revolucionario que consideraban inminente y la voluntad de restaurar una legalidad que había sido destruida por la violencia política y la incapacidad del Estado republicano para ejercer sus funciones.

En las últimas décadas, la memoria pública española ha construido un relato simplista: una democracia modélica, casi romántica, que fue destruida exclusivamente por una conspiración militar. Esta visión, casi infantil, queda destruida cuando se valoran los hechos que llevaron a España hasta el alzamiento del 18 de julio de 1936.

Sin embargo, la Transición apostó por la reconciliación y por mirar hacia adelante. Pero con el paso del tiempo, especialmente desde la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero (hoy imputado por varios casos de corrupción), se rompió ese equilibrio y ha dado paso a la utilización política del pasado, generando tensión entre españoles, cuando prácticamente había sido superado por la inmensa mayoría. Las leyes de memoria histórica, impulsadas en las últimas décadas por Zapatero primero y en la actualidad por Pedro Sánchez, han suscitado un intenso debate debido a que juristas e historiadores consideran que tratan de sustituir la investigación libre por una versión oficial de los acontecimientos.

No se puede aceptar una visión histórica que elimina sistemáticamente todo cuanto ocurrió antes del 18 de julio para convertir la fecha en una especie de hecho aislado desprovisto de contexto, que es lo que hace la izquierda para justificar su visión de la guerra civil. Todos, historiadores o no, tenemos la obligación de estudiar, analizar y contrastar las fuentes y no ocultar las partes que no nos gusten para querer tener razón. La historia no se escribe en los parlamentos y ni mucho menos en el Boletín Oficial del Estado. Tenemos los archivos, la documentación, la confrontación honesta de las fuentes y en el trabajo de los investigadores para ser honestos y alejarnos de la manipulación.

Ahora, noventa años después, quizá el mayor homenaje que podamos rendir a quienes vivieron aquella tragedia consista en abandonar definitivamente las consignas del enfrentamiento. España necesita menos memoria selectiva y más conocimiento; menos utilización partidista del pasado y más respeto por la complejidad de los hechos.

La verdad histórica nunca será patrimonio de un partido, de un gobierno o de una ideología. Debe pertenecer únicamente a los hechos. Y los hechos, por incómodos que resulten, en este caso, siempre empiezan antes del 18 de julio.

Breve historia de la guerra civil española (Sekotia) Fernando Paz. En esta edición revisada y ampliada, Fernando Paz ofrece un análisis documentado de las causas, el desarrollo y las consecuencias de la guerra civil española. A partir de las fuentes históricas, examina los acontecimientos previos al conflicto, la violencia política y el papel de sus protagonistas, invitando al lector a comprender este episodio decisivo con rigor, espíritu crítico y sin relatos simplificadores.

La Prensa en la II República española (Almuzara) Justino Sinova. Entre 1931 y el estallido de la Guerra Civil, España vivió una etapa de profundas transformaciones y creciente enfrentamiento político. Justino Sinova analiza, con rigor documental, cómo la prensa fue objeto de censura, suspensiones y presiones del poder republicano, revelando el difícil equilibrio entre libertad de expresión y control político en uno de los periodos más decisivos de la historia contemporánea española.

El nombre que ahora digo (Galaxia Gutemberg) Antonio Soler. Ganadora del Premio Primavera 1999, esta novela narra una intensa historia de amor y amistad nacida en medio de la derrota, el miedo y la soledad de nuestra guerra civil. Con una prosa de gran fuerza poética, el autor explora la condición humana y la esperanza, ofreciendo una obra de extraordinaria sensibilidad que recupera ahora una edición revisada por él mismo. La leí hace años y guardo de ella un cariño especial.