El Ministerio de Justicia, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y la Conferencia Episcopal Española (CEE) han firmado este jueves, 8 de enero, el acuerdo para la atención a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no han tenido recorrido judicial (bien por haber prescrito o en los que ha fallecido el agresor) a través del Defensor del Pueblo. Y no olviden que al frente de este órgano está el exministro socialista Ángel Gabilondo.
El acuerdo ha sido suscrito por Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Mons. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, y Jesús Díaz Sariego, presidente de la CONFER (Conferencia Española de Religiosos).
Según la nota de prensa de la CEE, la Oficina del Defensor del Pueblo estudiará los casos presentados y propondrá un cauce de reparación que será estudiado y evaluado por la Comisión PRIVA (Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales) establecida por la Iglesia. Los criterios de valoración de los casos y de la baremación de la reparación de la Oficina del Defensor del Pueblo y de la Comisión PRIVA serán homogéneos. En caso de discrepancia de la valoración una comisión mixta estudiará el caso que, en última instancia será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la CONFER según el caso.
Además, el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la Renta.
“El sistema establecido no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes”, afirma la CEE.
Se trata de "una vía temporal con una duración de un año (prorrogable otro año más), para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o bien por la muerte del victimario”, añaden los obispos.
Tras la firma, Mons. Luis Argüello ha calificado este acuerdo como un «nuevo paso» dentro del trabajo que la Iglesia en España viene realizando en los últimos años, por el que ha mostrado su satisfacción. El presidente de la Conferencia Episcopal Española también ha destacado que el derecho canónico permite, en casos de gravedad, levantar la prescripción de delitos, algo que no sucede en la vida civil.
Según la CEE, el Gobierno se ha comprometido, como solicitaba la Iglesia, "a abordar la reparación integral de todos los menores víctimas de abusos sexuales en cualquier ámbito de la vida pública”. Así que Mons. Argüello ha destacado su satisfacción porque supone incorporar a víctimas de otros ámbitos, como la educación o el deporte; por la exención fiscal en las indemnizaciones a las víctimas; y por el respaldo a la Comisión PRIVA, que tomará las decisiones, aunque, en caso de desacuerdo, pasarán a la revisión de la Comisión Mixta.
El presidente de la CEE también ha señalado que el trabajo que está haciendo la Iglesia en España tiene el reconocimiento del Vaticano, como quedó de manifiesto en la última reunión de las oficinas de protección de menores, en la que participó el servicio de la Santa Sede, con una valoración positiva.
Por último, Mons. Argüello ha resaltado que dentro del dolor que supone para la Iglesia reconocer estas situaciones, el objetivo es que «resplandezca la verdad y la justicia» para las víctimas de abusos con la vía judicial cerrada.
Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado que el Estado "fijará" la cantidad con la que se deberá indemnizar a las víctimas de abusos y la Iglesia la abonará. "Esta es la clave del acuerdo al que hemos llegado esta mañana. El Estado decide la reparación y la indemnización, la Iglesia católica la paga". Y lo decidirá el excura Ángel Gabilondo, autor del informe-chapuza sobre la pedofilia clerical en España: que no nos pase nada.
Detrás de este acuerdo queda la duda de por qué solo se reabren los abusos cometidos en el seno de la Iglesia católica -todos ellos absolutamente condenables y reprobables, claro está- que hayan prescrito. Y Jesús Díaz Sariego, presidente de la CONFER (Conferencia Española de Religiosos), ha referido que cabe reflexionar sobre “qué institución asume delitos que ya están prescritos”.
Por cierto, recuerden que san Carlo Acutis ofreció su vida como reparación de los abusos en la Iglesia.