El Parlamento francés ha aprobado definitivamente la ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una medida que convierte al país galo en el primero de Europa -Australia fue el primero del mundo- en establecer una restricción general de este tipo y que el Gobierno aspira a aplicar desde el inicio del próximo curso escolar.
La norma establece que los menores de 15 años no podrán acceder a los servicios de redes sociales ofrecidos por plataformas digitales.
Quedan excluidos de la prohibición determinados portales, como las enciclopedias en línea, como Wikipedia, así como las plataformas de desarrollo y distribución de software libre o los proyectos educativos de código abierto.
"Francia abre el camino en Europa para proteger a nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante", declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, en un vídeo en sus redes sociales poco después de la aprobación definitiva del texto, en el que celebró la decisión del Parlamento y recordó que se trataba de uno de sus compromisos, que ve la luz en la recta final de su segundo y último mandato. "Me comprometí a ello y ahora ya está aprobado: las redes sociales estarán prohibidas para los menores de 15 años desde el inicio del curso escolar", escribió en su red X.
Je m’y étais engagé, c’est désormais voté : les réseaux sociaux seront interdits aux moins de 15 ans à la rentrée. Merci aux parlementaires. Au Conseil constitutionnel de statuer puis place à l’action pour rendre cette mesure concrète et protéger nos enfants en ligne. pic.twitter.com/jC79unxX67
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 21, 2026
La Razón recoge cómo Macrón agradeció el respaldo de los parlamentarios y señaló que ahora corresponde al Consejo Constitucional pronunciarse sobre la ley antes de su aplicación. "Después, será el momento de actuar para hacer efectiva esta medida y proteger a nuestros hijos en internet".
¡Qué bien protege Macron a los menores! Y también a los mayores, como se ha demostrado con la reciente aprobación de la eutanasia.
La norma gala se define el derecho a la asistencia para morir como el que tiene la persona que lo ha solicitado a ser autorizada a utilizar una sustancia letal y a recibir asistencia para ello. La ley establece que si el paciente no puede por sí mismo tomar la sustancia letal, que le proporcione un médico, será un sanitario quien se lo administrará. Además, recoge unos requisitos para acceder: tener como mínimo 18 años de edad; ser ciudadano francés o vivir en Francia de manera regular y estable; padecer una enfermedad grave e incurable que suponga una amenaza para la vida y que esté en una fase avanzada, caracterizada por el inicio de un proceso irreversible de deterioro de la salud del paciente que afecte su calidad de vida o que esté en una fase terminal; poder expresar su voluntad de forma libre e informada; y experimentar un sufrimiento vinculado a ese mal que sea refractario al tratamiento o que sea insoportable. En este punto, el borrador indica que el sufrimiento psicológico por sí solo no puede justificar este derecho.
Pero ya se sabe lo que pasa con la eutanasia, siempre es igual, comienza como una ley para casos de alto sufrimiento, irreversibles y escasos, y pasa a convertirse en una de las principales causas de muerte en un país. La sociedad acaba enfermando con una mentalidad eutanásica que quita todo valor a la vida. Lo vemos en Países Bajos donde la eutanasia representa el 6% de las muertes, un país donde hace unas semanas se autorizó la primera eutanasia a una niño menor de 12 años. O sin ir más lejos en España, la eutanasia está legalizada y considerada derecho desde hace tres años, y ya hemos visto muertes por sufrimiento psicológico.
Conclusión: hay dos cosas que molestan en este espantoso siglo XXI que hemos forjado: la inocencia y la debilidad, los niños y los ancianos y enfermos. Para los primeros hemos inventado el aborto, para los segundos, la eutanasia.