El último debate en la Asamblea de Extremadura se ha centrado en la llegada de menores inmigrantes a la región.

La presidenta, María Guardiola (PP), defendió la realización de pruebas médicas cuando existan dudas sobre la edad de quienes aseguran ser menores: «Claro que comparto que se realicen pruebas de edad, lo hemos venido haciendo cada vez que ha habido dudas sobre su condición de menores y siempre que la autorice la Fiscalía. Porque comprobar los requisitos que te permiten acceder a una prestación pública es lo más normal del mundo». Añadía, además, que, «lo anormal» es lo contrario.

Y es que, según la propia Guardiola, de las 329 pruebas practicadas por el Servicio Extremeño de Salud, el 79% (260) concluyeron que las personas examinadas eran mayores de edad: «260 personas mayores estaban intentando ocupar un recurso destinado a los menores», defendió. Guardiola insistió en que la comunidad autónoma seguirá actuando con «estricto cumplimiento de la ley», garantizando que los recursos de protección se destinen a quienes realmente tienen derecho a ellos: «Nuestra obligación es que el sistema funcione con seguridad jurídica, con recursos suficientes y en igualdad para todos».

Por su parte, eel vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle -líder de Vox en la región-, ha confirmado que los servicios jurídicos de la Junta, y despachos externos si fuese necesario, participarán en una «ofensiva judicial» contra las decisiones del Gobierno de Sánchez en materia migratoria. El vicepresidente extremeño sostiene que la llegada de menores extranjeros se está llevando «absolutamente al límite» al sistema regional de protección. Asegura que actualmente hay 106 jóvenes acogidos en la región y se espera la llegada de otros siete en los próximos días.

Frente a las acusaciones de la Junta de Extremadura ante la llegada de menores inmigrantes a la comunidad autónoma, el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, ha defendedido la actuación del Estado. Tal como recoge ABC, ha explicado que los migrantes que llegan al Centro de Atención, Emergencia y Derivación (CAED) de Mérida lo hacen inicialmente como mayores de edad. Ocurre después, argumenta, que algunos dicen ser menores. Los datos que él ofrece son ligeramente distintos: cuenta que entre 2024 y 2025 se realizaron 222 pruebas y únicamente 34 personas fueron reconocidas como menores. Los porcentajes van, no obstante, en la línea de lo expuesto por Guardiola.