Citábamos en Hispanidad al subinspector de Policía, Alfredo Perdiguero, cuando compartía el siguiente caso: "Con 110 antecedentes policiales, 22 años, marroquí, puede pedir la regularización, porque no tiene ningún antecedente penal".
Los antecedentes penales son condenas firmes dictadas por un juez (Ministerio de Justicia), mientras que los antecedentes policiales son registros de detenciones o investigaciones (ficheros policiales) sin necesidad de condena. Los penales son más graves.
Ahora, es la portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Ana Alarcón, la que expone: "Hemos visto a inmigrantes con 100 detenciones que obtienen los papeles".
Y eso, sin tener en cuenta, la intención del Ejecutivo de regularizar a lo mejor de cada casa: el Gobierno de Sánchez ordena a las cárceles facilitar la "regularización" de los presos extranjeros". Rubén Pulido recuerda: "Llevo años denunciándolo con nombres y apellidos, y esto no es nada nuevo. Es la norma que lleva funcionando desde hace tiempo".
A día de hoy, la realidad es que el proceso de la 'extraordinaria' regularización del Gobierno Sánchez está acarreando colapsos en Ayuntamientos y Servicios Sociales. Por ejemplo, en Madrid, donde se ha pasado de las 1.500 peticiones a 5.500. Esto marcha.