Hace tan solo tres días les contamos la historia de Carmen. Con 88 años tuvo que poner su vivienda en alquiler al romperse la cadera y necesitar pagar una residencia para recibir cuidados especiales. La que era su inquilina se ha convertido en su inquiokupa, se niega a marcharse y asegura que al "vivir en España, todos tienen sus derechos". Y ayer miércoles les hablábamos de Josefina, con 86 años: tiene una inquiokupa, declarada vulnerable, le adeuda 30.000 euros mientras ella vive con una pensión de 800. Ambas se ven ahogadas por las deudas mientras sus okupas viven a su costa y tienen que hacer frente a los suministros e impuestos.
Y un nuevo caso llega desde Mallorca. Federico toda su vida ha sido médico, trabajando en los hospitales de Son Dureta y Manacor, y ahora, a sus 78 años, jubilado, ha tenido que volver a trabajar porque tiene okupas. ¿Será este un ejemplo de la jubilación activa que propone la ministra Elma Saiz?
Federico heredó de sus padres una vivienda en el término municipal de Sant Lluís (Menorca) y en julio del año pasado fue okupada: "Es injusto que no podamos hacer nada por recuperar la casa que mi padre sudó para poder dejar a sus hijos".
Lamenta que la justicia "vaya tan lenta", mientras espera que llegue su juicio y critica que los políticos no hagan "nada para remediarlo, a diferencia de otros países". Su situación la ha llevado al l Ajuntament de Sant Lluís, y volvió a insistir en febrero, pero no ha tenido respuesta. También lo puso en conocimiento del gerente de Aigües Sant Lluís, por el "hiperconsumo irresponsable de agua por quienes okupan ilegalmente el apartamento", quien sí le llamó para solidarizarse con su caso.
"La cabeza no para de darme vueltas y cuando consigo dormirme, me suena el despertador" y es que su problema no es sólo tener okupas, sino los gastos que hacen en el uso de la vivienda. Las facturas de agua y luz se han disparado, en el primer trimestre de 2025, Federico ha tenido que pagar 1.350 euros en la del agua, unas 45 veces más lo que él acostumbraba a pagar. "Si todo sigue así, el municipio de Sant Lluís se quedará sin agua y yo con los bolsillos vacíos".
"Es inaceptable, he tenido que volver a trabajar porque no sé cómo va a terminar esto", afirma a Última Hora. Además, denuncia que si les corta los suministros, pueden denunciarle por coacciones.
Los okupas se abrieron a la idea de irse, bajo compensación económica para abandonar el inmueble, pero Federico se niega: "No voy a pagar por echarlos de mi propia casa, me niego. Yo confío en los jueces, aunque hay muchas denuncias y están saturados".
"Tengo los oídos llenos de escuchar a ciertos políticos decir que están para mejorar la vida de las personas y no lo hacen. Esto es una pesadumbre".
Con estos tres casos en cuestión de una semana, queda demostrado que el Gobierno no miente, ni existe la okupación y los propietarios con casas okupadas son grandes tenedores, pérfidos rentistas que hacen negocio de un derecho.