Hemos escuchado a Sánchez decir que la okupación es un bulo, o la ministra de Vivienda decir que es más fácil que te roben el móvil que te okupen la casa y al ministro de Interior asegurar que no es que bajes a por el pan y te encuentres la casa okupada. También a los de Yolandísima. Así, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, aseguró que los okupas "no existen" y que la inquiokupación es un "relato" que, a su juicio, introduce la ultraderecha en su "batalla cultural".
Esta misma semana veíamos como, esta es la teoría, pero la realidad es distinta. No solo lo vemos en el gasto del Gobierno, sino en lo que en Hispanidad hemos llamado 'el escudo social del Gobierno', un grupo de ciudadanos en los que el Ejecutivo carga con la responsabilidad de mantener a los que no pueden acceder a una vivienda por su gran Ley de Vivienda.
Isabel, de 91 años, cuenta su historia a The Objective, acaba de salir del 'club del escudo social' tras cuatro años manteniendo a sus okupas, de nacionalidad marroquí, que se declaraban vulnerables.
Según el medio, los cuatro 'amables y vulnerables' muchachos recibían 1.309,25 euros mensuales en concepto de Ingreso Mínimo Vital, "cantidad acreditada por certificado oficial de la Seguridad Social y superior a la pensión de la propietaria".
La propietaria les cobraba 400 euros de renta, pero prefirieron no pagar y escudarse en la vulnerabilidad para evitar el desalojo con sentencia firme desde abril de 2023. No ha sido hasta este abril cuando Isabel ha podido recuperar su hogar.