Día tras día publicamos casos de okupación y mostramos la caradura y la impunidad de los 'vulnerables' protegidos por el Gobierno, que carga a los ciudadanos con la responsabilidad de mantener a los que no pueden acceder a una vivienda por su gran Ley de Vivienda. Es lo que llamamos 'el escudo social del Gobierno'.

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Elisabeth ha entrado de lleno en este 'selecto club' de ciudadanos que se hacen cargo de lo que el Gobierno debería hacer. Lleva dos años sin ver la renta de su inquiokupa. Alquiló su casa para poder pagar la hipoteca, que acaba de subir, se mudó a otro piso para, con el alquiler obtenido, pagar la hipoteca, pero la inquilina dejó de pagar: “Lleva dos años sin pagarme nada y yo sigo pagando todo…”.

Sin el dinero de la renta, Elisabeth no ha podido hacer frente al banco, la deuda crece y ella sigue sin recibir el dinero y teniendo que hacer frente a los gastos: “Debo al banco, a la comunidad, a todo el mundo… esto me está comiendo la vida".

Elisabeth, como el resto de afectados por okupas, está pendiente de si el Gobierno vuelve a prorrogar el decreto antidesahucios. Si al final de año, en Moncloa deciden acabar con este injusto decreto, unos 60.000 lanzamientos se podrían reactivar, aunque quizás para esta propietaria sería tarde. Y es que el banco le ha advertido de que le embargará el piso, tiene hasta el 20 de noviembre para evitarlo.

Su única salida es vender el piso por debajo incluso de lo que debe al banco: “Todo sale de mis costillas, no puedo más, no sé qué hacer". Su inquilina vive en su casa con sus dos hijos y su madre, y son reconocidos como familia vulnerable, pero es Elisabeth la que va a perder su casa: “Solo quiero que se vaya, para poder vender y no quedarme sin nada".