Audiencia Nacional, ante el juez Santiago Pedraz, caso Leire Díez. Comparecen dos fiscales, quienes aseguran que Díez visitó la Fiscalía general del Estado pero ellos, oiga, ni sabían quién era, aunque a lo mejor podían haberlo deducido de sus preguntas. 

También declaraba Cristina Narbona, presidente del PSOE, quien, dijo, le traspasó la responsabilidad sobre las actividades de Leire al secretario de Organización un tal Santos Cerdán quien, a su vez, miren por dónde, le respondió a Narbona que las actividades de Leire no eran nada interesante. ¡Cuán equivocado estaba, oh sí!

Cristina Narbona, presidente del PSOE, no sabía de las 'andanzas' de Leire Díez, que pasó de episodio pintoresco a punto central de la posible imputación de Pedro Sánchez y del PSOE por financiación irregular

Narbona sólo aceptó que conocía a Leire Díez pero, por supuesto no conocía sus 'andanzas', naturalmente.

Ahora bien, si lo de la fontanera Leire comenzó siendo el flanco pintoresco de la corrupción sanchista, ahora mismo, la causa de Pedraz puede configurarse con las dos derivas que más temen en Moncloa: la imputación del PSOE por financiación irregular y la del propio Pedro Sánchez, que es el sumario que muchos esperan.

En el entretanto, Begoña Díez vuelve a cachondearse del juez Peinado. El magistrado le había pedido que probara el uso correcto de las cautelares, es decir, si realmente había ido al Reino Unido que es para lo que el magistrado el había dado permiso.

Entonces la 'presidenta' se viene arriba y dice que ella no tiene que probar su inocencia sino que otro prueba su culpabilidad. A ver, doña Begoña, que le están preguntando si ha violado las cautelares, pues resulta que no tiene usted sello de entrada en el Reino Unido: ¿no pretenderá cachondearse de la justicia, verdad?

Y lo de Zapatero, minero en Venezuela, no cuela: pretendía anular toda su causa pero la Fiscalía anticorrupción asegura que que si las autoridades norteamericanas facilitaron a la Justicia española una información extraída legalmente, según sus propias normas, de las grabaciones de un móvil, el procedimiento resulta tanto en España como en Estados Unidos, perfectamente legal. O sea, que el caso sigue

Mientras, Zapatero, del que ahora se habla, otra vez, sobre su actividad como minero en Venezuela -bueno accionista de explotaciones mineras, se entiende-, parece haber pinchado en hueso con su estrategia, que consistía, no en defender su inocencia o en negar las acusaciones, sino en anular todo el procedimiento por el hecho de que la información había sido facilitada por las autoridades norteamericanas según métodos prohibidos en España.

Pues bien, la Fiscalía Anticorrupción dice que no, que si las autoridades norteamericanas facilitaron a la Justicia española una información extraída legalmente, según sus propias normas, de las grabaciones de un móvil, el procedimiento resulta tanto en España como en Estados Unidos, perfectamente legal. O sea, que el caso sigue.