Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la sentencia que condena a la joven, al cual ha tenido acceso El Periódico, la adolescente declaró (primero ante la Guardia Civil y luego en el Juzgado de Instrucción de Cartagena que llevaba el asunto) que todos los martes, tras la clase de Biología, que era a última hora, el profesor sustituto la sometía a tocamientos de carácter sexual en distintas zonas del cuerpo, incluidas sus partes íntimas. Además, contó que el docente le daba "pastillas con agua", tras cuya ingesta ella "se mareaba y no recordaba qué había pasado".
Pues bien, ha sido condenada por inventarse que su profesor de Biología, del instituto de Cartagena en el que estudiaba, la agredía sexualmente. El Juzgado de Menores considera que la chica, que tenía 15 años cuando acusó falsamente al docente, es autora de un delito de denuncia falsa por el cual sus padres han de indemnizar al afectado con 30.880,60 euros, por el daño moral causado.
Los padres recurrieron ante la Audiencia Provincial porque la indemnización fijada les parecía «improcedente, excesiva y desproporcionada». La Audiencia, al rechazar el recurso, pone el acento en los padecimientos que tuvo el profesor debido a la "denuncia sumamente injusta" que efectuó la menor: este hombre precisó de tratamiento psiquiátrico y psicológico para "intentar paliar el enorme daño personal que le causó injustamente" la acusación de la que fue víctima.
No olvidemos que noticias como esta se repiten, cada vez más, fruto del ambiente social creado por el Gobierno Sánchez, que cuenta entre sus leyes, con el Solo sí es sí de la insigne Irene Montero. Una norma que nació con un espíritu, según el cual, no se puede dudar de la palabra de la víctima, es revictimizarla. De las consecuencias que la palabra de la víctima -sobre todo cuando es falsa, como en este caso- cause en la víctima, normalmente un hombre, ni mú.