El actual Gobierno ha hecho de la cesión su forma de poder. No como recurso excepcional, sino como método. Su relación con el independentismo catalán, con el nacionalismo vasco y con las fuerzas herederas del entorno de ETA no responde a un proyecto de Estado, sino a una necesidad de supervivencia política. En Cataluña, la legislatura queda supeditada a la voluntad de un prófugo; en el País Vasco, se entrega la política penitenciaria mientras se facilita la progresiva excarcelación o el acercamiento de condenados por terrorismo; en el ámbito de Bildu, se consolida una interlocución que hace apenas unos años habría resultado incompatible con la dignidad institucional. No hay aquí estrategia nacional alguna: hay una suma de concesiones encadenadas. Y cuando el poder se sostiene sobre quienes han cuestionado o combatido al Estado, lo que se obtiene no es estabilidad, sino su progresiva descomposición.
La mesa de diálogo con un prófugo no es un gesto político: es una declaración de debilidad. Erosiona la justicia, desautoriza al Estado y sitúa a España en la pendiente moral de la claudicación institucional. El pacto con un prófugo no es un acto político, sino la rendición del Estado ante la conveniencia. No hay inteligencia estratégica en ello, sino dependencia. En nombre de la aritmética parlamentaria, el Gobierno ha puesto en riesgo la dignidad institucional y la esencia misma del Estado de Derecho. Pero sería un error limitar el análisis a ese caso. El prófugo es solo la manifestación más visible de un fenómeno más profundo y más preocupante.
Porque el mismo patrón se reproduce en la política penitenciaria vinculada a los condenados por terrorismo. Cuando la gestión de las penas, los acercamientos o las progresiones de grado se perciben —con razón o sin ella— como insertas en una negociación política, el mensaje que se traslada a la sociedad es inequívoco: la ley deja de ser un marco estable para convertirse en una herramienta adaptable. Y esa percepción, en sí misma, es ya una forma de deterioro institucional.
Un Estado de Derecho no solo se sostiene en la legalidad de sus decisiones, sino en la confianza que generan. Cuando esa confianza se quiebra, cuando el ciudadano percibe que la ley puede modularse en función de equilibrios parlamentarios, el daño no es técnico: es estructural. Ahí se produce la verdadera equiparación. El prófugo que negocia desde fuera de la ley y el condenado que ve su situación envuelta en un contexto de negociación política no son realidades idénticas, pero sí participan de una misma lógica: la subordinación de la ley al poder. Y ese es el punto crítico. No estamos ante decisiones aisladas, ni ante concesiones puntuales dictadas por circunstancias excepcionales. Estamos ante un sistema. Una forma de ejercer el poder basada en la cesión constante, en la negociación permanente y en la adaptación de las normas a la necesidad política inmediata.
El prófugo no es ya una anomalía: es un elemento funcional. Como lo es la transferencia continuada de competencias, como lo es la negociación de recursos, como lo es la incorporación progresiva de actores que han cuestionado el marco constitucional como piezas necesarias para la gobernabilidad. Todo responde a una misma lógica: ceder para mantenerse. Y esa lógica es incompatible con la existencia de un proyecto nacional. No hay idea de Estado en ese planteamiento. No hay horizonte político más allá de la duración de la legislatura. Hay una suma de equilibrios precarios, sostenidos sobre concesiones sucesivas que van erosionando, paso a paso, la estructura institucional.
Desde el punto de vista jurídico, el daño es evidente. La separación de poderes pierde consistencia cuando el Ejecutivo depende de quienes están afectados directa o indirectamente por decisiones judiciales o penitenciarias. El juez deja de ser el centro del sistema. La ley deja de ser el límite. Se convierte en variable. Políticamente, la consecuencia es aún más grave: desaparece la igualdad. La ley ya no se percibe como común, sino como modulable. Depende del contexto, de la fuerza parlamentaria, de la capacidad de presión de cada actor. Y cuando la ley depende de la presión, deja de ser ley en sentido pleno.
El plano moral completa el deterioro. Un Estado enseña más con sus decisiones que con sus discursos. Cuando premia la desobediencia con capacidad de negociación, cuando normaliza la interlocución con quien ha desafiado el orden constitucional, cuando permite que decisiones sensibles se interpreten como fruto de acuerdos políticos, transmite un mensaje claro: la ley no es un límite infranqueable. Es un elemento negociable. El ciudadano que cumple, que respeta, que acata, observa entonces con desconcierto cómo quien ha desafiado al Estado obtiene influencia. Y en ese momento se produce una quiebra silenciosa pero profunda: la pérdida de legitimidad moral del sistema.
La historia de España ofrece ejemplos claros de lo contrario. Los Austrias supieron distinguir siempre entre el adversario político y el rebelde. Con los primeros se negociaba; a los segundos se les aplicaba la ley. Ni Carlos V frente a los comuneros ni el duque de Alba en Flandes confundieron jamás esa frontera esencial. En el siglo XIX, en medio de guerras civiles y conflictos internos, ningún gobierno —ni liberal ni conservador— habría aceptado que un cabecilla carlista negociara desde la impunidad. Francia nunca legitimó a los desertores de la OAS; el Reino Unido no trató al IRA como interlocutor hasta que éste aceptó las reglas democráticas; Estados Unidos no negocia con quien está en busca y captura. Solo España parece dispuesta a cruzar esa línea peligrosa. Roma no pactaba con desertores; Inglaterra castigó sin concesiones a los conjurados de Guy Fawkes; la España de 1981 reaccionó con entereza ante el golpe de Tejero. Hoy sin embargo, parece haberse olvidado que la ley no se negocia. Y cuando una democracia convierte la justicia en moneda de cambio, deja de ser democracia.
Incluso en la Transición, en el momento de mayor fragilidad del Estado contemporáneo, se mantuvo un principio básico: el diálogo político no implicaba la renuncia a la ley. Esa firmeza fue precisamente la base de su legitimidad. Hoy ese principio se ha debilitado. Y con él, la fortaleza del Estado.
A esa misma lógica responde también la política exterior. Bajo una retórica moral heredada del viejo «No a la guerra», el Gobierno ha construido un discurso internacional selectivo, más atento a satisfacer a su base ideológica que a defender una posición coherente de Estado. Se condena o se silencia en función de afinidades políticas, se alinean posiciones exteriores con equilibrios internos y se proyecta hacia fuera la misma debilidad que se practica dentro. La política exterior deja así de ser una política de Estado para convertirse en prolongación del cálculo parlamentario. Y cuando un país habla en el mundo con voz condicionada por sus dependencias internas, deja de ser actor para convertirse en objeto. El impacto internacional no es menor. España proyecta una imagen de Estado condicionado, vulnerable a presiones internas, dispuesto a modular su legalidad en función de equilibrios políticos. Y esa percepción debilita su credibilidad mucho más que cualquier desequilibrio económico. Pero el riesgo mayor no es inmediato. Es el precedente.
Cada concesión genera una expectativa. Cada negociación fuera del marco estricto de la ley abre una puerta. Cada adaptación crea una referencia. El Estado entra así en una dinámica de desgaste progresivo en la que siempre debe ceder un poco más para sostenerse un poco más. Y esa es una lógica sin final. Negociar con un prófugo no es diálogo: es rendición.
Permitir que la política impregne la percepción de la política penitenciaria no es normalización: es debilitamiento institucional. Ceder competencias para sostener una mayoría no es descentralizar: es fragmentar el Estado. Todo responde a una misma lógica de fondo: el poder como fin en sí mismo.
Gobernar no es resistir. Gobernar es sostener un orden. Y cuando ese orden se sacrifica para conservar el poder, lo que queda no es política, sino mera ocupación del poder. España no necesita componendas ni equilibrios sobre la nada. Necesita instituciones firmes, leyes iguales para todos y un poder que no dependa de quienes trabajan contra él. Recuperar esa lógica no es una cuestión ideológica. Es una exigencia de supervivencia institucional.
Porque cuando la ley se negocia, el Estado deja de ser autoridad. Y cuando el Estado deja de ser autoridad, deja de ser Estado.