Decíamos en Hispanidad que la necedad crece, al hilo de una información sobre un colegio de Terrasa que insta a los docentes a comunicarse con las familias por gestos, antes que en castellano. 

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También les contamos el caso de un profesor, de baja por ansiedad, porque sus alumnos castellanohablantes coreaban "Viva España", “Viva la Guardia Civil y viva el Ejército ”, “Viva Franco”, “Viva Vox”: traumático.

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Los dos casos anteriores se quedan en meras anécdotas, con un toque de humor, ante la siguiente noticia sobre la persecución, presión y amenazas a profesores en Cataluña... ¡por hablar castellano!

Según los datos ofrecidos por Docentes Libres y la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) las denuncias por parte del profesorado por presiones y amenazas por parte de la Generalitat y las direcciones de los centros se han triplicado en los últimos años, coincidiendo con la ofensiva del Govern para impulsar el uso de la lengua autonómica en diferentes ámbitos mediante el Plan Nacional por la Lengua (PNL).

Las dos asociaciones, denuncian en un comunicado «la política lingüística coercitiva que la Generalitat de Cataluña y del Departamento de Educación están aplicando en los centros educativos, vulnerando derechos fundamentales, sentencias judiciales firmes y principios básicos de libertad y pluralismo».

«En los últimos meses hemos recibido numerosos correos y testimonios de docentes que relatan con angustia la presión, el hostigamiento y la persecución que sufren por utilizar el castellano en el ejercicio de su labor docente o en su comunicación cotidiana con alumnos y compañeros», aseguran las asociaciones.

«La Inspección educativa y algunos equipos directivos, lejos de proteger a los docentes, están actuando como comisarios políticos del Departamento, elaborando informes, presionando y sancionando de facto a aquellos profesores que no se pliegan al dogma del monolingüismo. Esta situación vulnera gravemente los derechos laborales, la dignidad profesional y la salud mental de muchos docentes, convertidos en blanco de una campaña de intimidación institucional», denuncian.

Por todo ello, reclaman a la Consejería de Educación y «al conjunto de la Generalitat» el «cese inmediato de cualquier práctica de persecución o control lingüístico en los centros educativos», «el cumplimiento efectivo de las sentencias judiciales que establecen la obligatoriedad de un sistema de conjunción lingüística real y equilibrado», «la protección institucional y jurídica de los docentes que libremente utilicen el castellano en sus clases o comunicaciones» y «la disolución de las ULAE y de cualquier estructura de vigilancia o denuncia dentro de los centros».

«Las asociaciones firmantes reiteramos nuestro compromiso con una escuela libre, bilingüe y plural, en la que el catalán y el castellano convivan en igualdad, y donde los profesores puedan ejercer su labor sin miedo, sin presiones y con el respeto que merece su independencia profesional».