La Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite) ha denunciado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados, por un delito de prevaricación administrativa por omisión, informa la Asociación en nota de prensa.
Los diputados denunciados son los siguientes: Francina Armengol Socias, Presidenta; Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Vicepresidente Primero; Esther Gil de Reboleño Lastortres, Vicepresidenta Tercera; Gerardo Pisarello Prados, Secretario Primero; e Isaura Leal Fernández, Secretaria Segunda, todos ellos pertenecientes a los grupos parlamentarios del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar.
Avite basa la denuncia "en la obstaculización dolosa de dos iniciativas legislativas -hasta la fecha con hasta 63 prórrogas- que regulan la exención fiscal de las ayudas a los afectados. Los hechos revisten especial gravedad cuando, con el voto del PSOE, dicha exención fiscal sí está aprobada en el País Vasco y Navarra, lo que supone un agravio intolerable entre españoles".
Avite entiende que "concurren los requisitos del ilícito de una omisión claramente contraria al ordenamiento y sin base reglamentaria ni constitucional; ausencia total de motivación; omisión consciente y deliberada de injusticia; y acto equiparable a una resolución decisoria con efectos jurídicos claros", por lo que los afectados esperan que "el TS actúe en consecuencia".
La talidomida era un medicamento que se comercializó entre 1960 y 1965 y que se vendía como eficaz para el tratamiento de las náuseas del embarazo y como sedante. Sin embargo, luego se demostró que causaba malformaciones graves en los bebés gestados, sobre todo en brazos y piernas. Miles de ellos luego nacieron con estas discapacidades en todo el mundo.
En la mayoría de los países se dejó de vender hacia los años 1961–1962. Sin embargo en España, algunas asociaciones de víctimas aseguran que se siguió vendiendo hasta 1975.