Como ha venido informando Hispanidad, el presidente colombiano Gustavo Petro -que no podrá presentarse a las elecciones del 31 de mayo porque la legislación colombiana no permite la reelección presidencial- es un hombre del Nuevo Orden Mundial, empeñado en imponer políticas contrarias a la ley natural, como la ideología de género, el aborto o la eutanasia. 

En este último caso, el Ministerio de Salud ha extendido la posibilidad de aplicar la eutanasia a personas que tengan una “enfermedad grave e incurable”, que incluye aquella “cuyo origen sea una enfermedad o trastorno mental”, es decir, pacientes no terminales. Y también, a menores a entre 6 y 12 años de edad si “alcanzan un desarrollo neurocognitivo y psicológico excepcional, que les permita tomar una decisión libre, voluntaria, informada e inequívoca en el ámbito médico y su concepto de muerte alcanza el nivel esperado para un niño o niña de 12 años o más”.

Cabe recodar que en Colombia no existe una ley de eutanasia como tal, pero la Corte Constitucional la despenalizó en 1997 y desde entonces algunos gobiernos han decretado algunas regulaciones de esta práctica, según recuerda Aciprensa. 

El senador Mauricio Giraldo lo ha denunciado así: “Esto realmente es una aberración. Le están diciendo que el Estado sabe más que una madre, sabe más que el cuidado de un padre”. “El gobierno Petro está decidiendo quién vive y quién muere (…). Haremos lo que está a nuestro alcance en los tribunales, en las calles y en el Congreso. Esta batalla la seguiremos dando”.

En cualquier caso, conviene insistir en que la eutanasia y el suicidio asistido suponen traspasar la frontera ética de que la vida es sagrada y ni uno mismo y ni mucho menos un tercero puede disponer de ella. Esa frontera ética está en la conciencia de todas las personas del mundo. Y por eso es conforme a la ley natural, que dice que hay respetar la vida humana en todas sus etapas, desde la concepción a la muerte natural.

Y esa frontera ética debería estar reconocida por las leyes: como el ‘no’ a la pena de muerte, al asesinato o al homicidio. Es decir, es la misma razón por la que hay que oponerse también a la pena de muerte, al asesinato o al homicidio: no con un argumento religioso, sino meramente humano y racional.

En los países donde la eutanasia se ha legalizado está ocurriendo que se empieza permitiéndola sólo en casos excepcionales y por voluntad propia, pero se termina aplicándola sin restricciones, a cualquier persona e incluso en contra de su voluntad, y de manera especial a los más débiles y vulnerables: enfermos mentales, ancianos, discapacitados sobre todo intelectuales..., que no pueden defenderse ante la decisión de otros -el Estado, un médico, los jueces, los políticos, sus familiares- sobre sus vidas.

Se trata de un plano inclinado o pendiente deslizante muy difícil de parar que provoca que la vida no tenga ningún valor, especialmente la de los más débiles y vulnerables, y que sea a ellos a quienes se termine aplicando al eutanasia incluso sin su consentimiento. Como se está viendo en algunos países como España, con la reciente eutanasia de Noelia Castillo, una joven que padecía una depresión y a la que el Estado español abandonó, avalando su eutanasia.