Hispanidad viene denunciando el acoso de la UE a Polonia y Hungría para obligar a sus gobiernos a plegarse a los principios del Nuevo Orden Mundial, el cual quiere obligarles a aprobar políticos contrarias a la ley natural por ejemplo en todo lo relativo a la ideología de género y al derecho a la vida.
Así, por ejemplo, Hispanidad ya ha explicado que ni Budapest ni Varsovia vulneran los derechos LGTBI. Lo que prohíben es la propaganda de los principios de ese colectivo en las escuelas, pues ambos países defienden -al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos- que la educación moral y sexual de los niños corresponde a los padres, no al colectivo LGTBI.
Así, por ejemplo, la semana pasada, Bruselas abrió un expediente a Hungría por su ley que prohíbe hablar de homosexualidad e identidad de género en las escuelas y que incluye este veto al material audiovisual dirigido a menores. El Gobierno húngaro indicó que las críticas de la Comisión Europea a la situación del Estado de derecho y la independencia de la Justicia en Hungría son sólo un «chantaje» al país por «defender a sus menores» con la reciente ley que vincula la sexualidad con la pederastia. «Últimamente, la Comisión chantajea a Hungría por la defensa de los menores», afirmó la ministra de Justicia, Judit Varga, sobre la evaluación del Estado de Derecho en los 27 socios comunitarios, recuerda La Razón.
Polonia y Hungría defienden que la educación moral y sexual de los niños corresponde a los padres, no al colectivo LGTBI
Y ahora le toca a Polonia pues, como publica hoy La Razón, ayer martes, el Ejecutivo comunitario dio un ultimátum a Varsovia de un mes para que conteste por escrito si piensa cumplir los veredictos del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). En las últimas semanas las tensiones han ido in crescendo después de que el Tribunal Constitucional de Polonia asegurase el pasado 14 de julio que las medidas interinas dictaminadas por la corte europea no eran acordes con la Carta Magna del país.
En concreto, el pasado 15 de julio el Tribunal de Justicia de la UE falló en contra del régimen disciplinario impuesto en el país a los jueces y ahora la Comisión Europea quiere tener garantías antes del 16 de agosto de que Varsovia cumplirá la sentencia. Si esto no sucede, el Ejecutivo comunitario pedirá al alto tribunal europeo que imponga sanciones multimillonarias contra el país. Bruselas prefiere no hablar de cantidades pero estas multas podrían ascender a tres millones de euros, recuerda el mismo medio.
En los últimos días, la relación entre Bruselas y Varsovia también ha vivido un nuevo pulso después de que la Comisión Europea abriera la semana pasada un nuevo expediente ante lo que Bruselas considera leyes homófobas promulgadas en el país. Y es que desde el año 2019, algunos municipios y regiones se proclamaron «zonas libre de ideología LGTBI». Aunque el Ejecutivo comunitario ha pedido información a las autoridades nacionales sobre el significado de esta declaración y sus implicaciones para este colectivo, Bruselas está molesta por la pasividad de Varsovia ante este requerimiento, recuerda La Razón.
Bruselas también estudia la congelación de los fondos europeos para aquellos países que incumplen el Estado de Derecho, lo que incluye tanto partidas para agricultura y las regiones como también el dinero del fondo de reconstrucción europeo para hacer frente a los estragos ocasionados por el coronavirus, Next Generation EU. Precisamente la legalidad de este mecanismo ha sido recurrida por Polonia y Hungría ante el Tribunal de Justicia de la UE, recuerda La Razón.