Como recogió Hispanidad, el Consejo de Ministros autorizó ayer la tramitación urgente de un real decreto para llevar a cabo un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España.
En virtud de este real decreto se espera la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales. El Gobierno lo vendió como que está dando continuidad a una Iniciativa Legislativa Popular que fue respaldada con más de 700.000 firmas y tomada en consideración por una amplia mayoría del Congreso de los Diputados -el 9 de abril de 2024-, entre ellos, los del PP y con el voto en contra tan solo de los de Vox.
¿Por qué retoma ahora el Gobierno esta ILP? Por conveniencia política, porque necesita el apoyo de Podemos, el partido que se lo ha exigido, y porque abre la puerta al traspaso de la competencia de inmigración a Cataluña, una exigencia de Junts que Podemos ahora se abre a debatir (antes se oponía radicalmente).
En este escenario, Vox ha iniciado una ofensiva en España y en Europa contra el real decreto de regularización exprés de Pedro Sánchez, que "premia la ilegalidad, pone en peligro la seguridad nacional y debilita el control migratorio". El partido De Santiago Abascal añade que esta medida "abre una brecha en el control migratorio" y "tiene efectos directos sobre la libre circulación, la seguridad y el correcto funcionamiento del espacio Schengen", según ha denunciado en una nota de prensa.
En España, según el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, el partido "va a interponer recurso contencioso ante el Tribunal Supremo” tan pronto como sea publicada en el BOE.
Y en Europa, Vox ha registrado una petición de debate urgente en la comisión LIBE del Parlamento Europeo, con el objetivo de que las instituciones europeas evalúen el impacto real de esta regularización acelerada sobre la seguridad interior, la cooperación policial y la libre circulación dentro de la Unión, añade en su nota de prensa.
En paralelo, Vox ha dirigido una carta al comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, solicitando una reunión urgente para exigir cambios normativos que permitan.
Por su parte, el PP también ha anunciado que llevará ante la UE la regularización masiva de inmigrantes ilegales por las consecuencias que pueda tañer para el resto de países de la UE, ya que puede abrir la puerta a que el inmigrante regularizado en España pueda terminar en cualquier otro Estado miembro. Es decir, que la iniciativa del Gobierno, según el PP, "incumple el pacto migratorio europeo". Fuentes del PP añaden que "va a generar tensión con el electorado del PSOE, que no está a favor de estos procedimientos y le va a penalizar porque los votantes de izquierdas no respaldan la política migratoria de Sánchez".
"Hemos dicho en multitud de ocasiones que las regularizaciones masivas son ilegales y que lo que hay que hacer es regularizar persona a persona", afirmó ayer la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz.