La portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, lo confirmó en la sesión de control de ayer miércoles: el Ejecutivo no contará con los siete votos de su grupo, por los que recuerden que Pedro tiene el culo roto. “Lo tenemos muy claro, pensiones sí, ocupaciones no”.
Y así ha sido, Sumar ya ha avanzado que son partidarios de volver a trocear el decreto del escudo social, donde ahora se incluye la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz a personas vulnerables y exenciones fiscales a las ayudas por los incendios y la DANA, para salvar algunas medidas del mismo ante la negativa de PP, Vox y Junts de apoyar el texto actual.
Las tres formaciones ya tumbaron el primer decreto, que incluía la revalorización de las pensiones para 2026 con el resto de medidas, el Gobierno sacó las pensiones del paquete y este punto ha contado con el 'sí' de los de Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Carles Puigdemont.
Sin embargo, las tres formaciones se oponen al texto con el resto de medidas que ha propuesto el Gobierno, principalmente por la moratoria antidesahucios, por lo que el socio minoritario del Ejecutivo ha pedido un nuevo troceo y salvar parte del decreto, no sin decir que le parece una "vergüenza" el voto en contra de PP, Vox y Junts.
🎉 El Congreso vuelve a tumbar el decreto anti-desahucios. Segunda caída.
— Plataforma Afectados Ocupación (@leyantiocupas) February 26, 2026
Se acabó legislar a costa de los propietarios mientras el gobierno @desdelamoncloa se lava las manos.
Ojalá este sea el inicio de una política de vivienda seria, justa y para todos. 🇪🇸✨#FinDelDecretoOkupa
Con este nuevo 'no', los Afectados por la Ocupación esperan que se "acabe legislar a costa de los propietarios, mientras el Gobierno se lava las manos" y, confían en que será el inicio de "una política de vivienda seria, justa y para todos".
Junts, además, ha registrado este jueves mismo en el Congreso una iniciativa con una batería de propuestas para desbloquear la aprobación de las medidas del escudo social. De acuerdo con el artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, propone sustituir la suspensión generalizada de desahucios por un procedimiento administrativo urgente que permita al Estado asumir y pagar la deuda de alquiler de personas vulnerables, de modo que la protección social recaiga en la administración y no en los propietarios.