Los gobiernos cambian con relativa rapidez, pero las consecuencias de su gestión permanecen durante bastante más tiempo. Una ley puede derogarse, un nombramiento sustituirse o una política presupuestaria modificarse; recuperar la confianza en una institución, devolver seguridad a quien invierte o corregir años de insuficiente planificación y mala gestión exige plazos diferentes. Esta será, probablemente, una de las grandes cuestiones que deberá afrontar España cuando termine el actual ciclo político.
Pedro Sánchez continúa al frente del Gobierno tras casi ocho años de presidencia. Este periodo permite valorar algo más que decisiones aisladas. Existe ya una forma de ejercer el poder que puede ponderarse atendiendo a su producción legislativa, su relación con las instituciones, su política económica y laboral, su modelo energético y sus prioridades presupuestarias. Sus efectos no desaparecerán cuando cambie el Ejecutivo. Precisamente por ello interesa determinar responsabilidades, no por revancha política, que de poco serviría, sino para conocer qué decisiones condujeron a determinados resultados y evitar su repetición. Una democracia madura debe ser capaz de aprender de sus equivocaciones.
Cuatro artículos de la Constitución pueden servir como punto de arranque. El 9 proclama la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad; el 38 reconoce expresamente la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado; el 103 establece que la Administración sirve con objetividad los intereses generales, y el 117 consagra la independencia de jueces y magistrados. Son principios claros sobre los que debería descansar la recuperación institucional y económica del país.
Durante estos años del Sanchismo se ha extendido entre la mayoría de españoles una desconfianza hacia la política que termina proyectándose sobre las propias instituciones. La sucesión de pactos contradictorios, algunos «contra natura»; los compromisos opacos; la controversia permanente sobre nombramientos institucionales; la utilización política de organismos públicos que deberían conservar su neutralidad y una legislación demasiado condicionada por equilibrios parlamentarios inestables han contribuido a ese deterioro. La responsabilidad corresponde al Gobierno porque gobernar implica y exige preservar el valor institucional de aquello que se administra.
Un futuro Gobierno podrá sustituir responsables, pero la reconstrucción institucional comenzará cuando renuncie a utilizar en beneficio propio aquellos mecanismos que hoy critica. Cambiar unos nombres por otros dejaría intacto el problema. La regeneración exige fortalecer procedimientos, limitar discrecionalidades, respetar la profesionalidad de los cuerpos del Estado y devolver a las instituciones una distancia reconocible respecto del poder político. Todo ello necesita tiempo y probablemente exceda de una legislatura.
La confianza tiene también una dimensión económica. Quien crea una empresa, compra una vivienda, contrata trabajadores o compromete capital necesita conocer las reglas y confiar en su estabilidad. La seguridad jurídica posee valor económico además de constitucional. Una sociedad abierta requiere normas, pero también que su número y complejidad no conviertan cada iniciativa en un recorrido administrativo o en un concurso de saltos. España conserva una economía dinámica, aunque productividad y competitividad continúan siendo cuestiones esenciales. El futuro Gobierno deberá preocuparse menos por exhibir grandes cifras y más por aquello que permite sostenerlas: inversión, innovación, formación y capacidad empresarial.
La política laboral requiere una reflexión semejante. El trabajo no puede medirse únicamente por contratos o afiliaciones. Importan también la productividad, el coste de crear empleo, la capacidad adquisitiva de los salarios y las dificultades de pequeñas y medianas empresas para contratar. La protección laboral es propia de una sociedad desarrollada, pero su sostenibilidad depende de que las empresas capaces de proporcionar empleo continúen existiendo y creciendo.
Frente a las viejas e ineficaces soluciones del socialismo marxista —que no de la socialdemocracia— se requiere un Estado fuerte en sus competencias esenciales, respetuoso con la propiedad, garante de los contratos, eficaz en sus servicios y prudente al intervenir allí donde ciudadanos y empresas pueden actuar por sí mismos. La Constitución reconoce precisamente ese equilibrio entre derechos sociales, propiedad privada y libertad de empresa.
La vivienda demuestra las consecuencias de perderlo. El problema viene de lejos y sería incorrecto atribuir su origen solo al Gobierno de Sánchez, pero durante estos años se ha agravado el desequilibrio entre nuevos hogares y vivienda disponible. Frente a una insuficiencia de oferta, buena parte de la respuesta política se ha concentrado en regulación, limitación de precios e intervención del mercado. Estatalismo puro y duro cuyos resultados conocemos. El próximo Ejecutivo deberá recuperar el componente material del problema: hacen falta viviendas. Para construirlas se necesita suelo, licencias ágiles, seguridad para propietarios e inversores, infraestructuras, coordinación administrativa y capital privado. El artículo 47 de la Constitución encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para acceder a una vivienda digna. Crear esas condiciones parece más eficaz que intentar corregir por decreto una oferta insuficiente.
Algo parecido sucede con el campo. Agricultores y ganaderos soportan costes crecientes, burocracia y exigencias fitosanitarias, medioambientales y laborales que afectan a su competitividad. Muchas son necesarias para garantizar la calidad de nuestros alimentos; el problema aparece cuando deben competir con productos procedentes de terceros países sometidos a condiciones diferentes y favorecidos en ocasiones por acuerdos comerciales o arancelarios. La apertura comercial requiere una competencia razonablemente equilibrada. Difícilmente puede hablarse de verdadera libre competencia cuando unos productores soportan exigencias que no pesan en términos equivalentes sobre otros. El Gobierno debe defender en Bruselas condiciones de reciprocidad, evitar nuevas cargas innecesarias y permitir que el campo obtenga una rentabilidad suficiente para mantener unas explotaciones esenciales para nuestra seguridad alimentaria y nuestro territorio. No parece razonable exigir al productor español unos estándares que Europa no reclama con igual rigor al producto que compite con él. Igualmente es necesario trazar líneas de desarrollo que promocionen empleo y vocación rural y atender una España cada vez más vaciada por el reemplazo de nuevas generaciones.
La energía exigirá también una revisión prudente. España ha realizado una importante apuesta por las renovables, que forman ya parte de nuestro patrimonio energético y cuyo desarrollo debe continuar donde resulten eficientes y competitivas. El error aparece al convertir una tecnología en principio ideológico y ordenar a su alrededor todo el sistema. Un país industrial necesita energía suficiente, estable y a precios competitivos. Habrá que reforzar redes, almacenamiento e interconexiones, revisar con criterios técnicos el futuro de la nuclear y aprovechar sin prejuicios aquellas fuentes capaces de garantizar el suministro. La transición energética pierde sentido cuando obliga a prescindir de recursos útiles antes de disponer de alternativas capaces de sustituirlos con iguales garantías. Una industria que paga una energía más cara o menos previsible que sus competidores comienza cada jornada en desventaja.
También quedará por ordenar la situación presupuestaria. España llegó durante la pandemia a una deuda pública cercana al 120 por ciento del PIB y, aunque posteriormente ha descendido hasta situarse alrededor del cien por cien, continúa siendo un endeudamiento muy elevado. Para el ciudadano la explicación es sencilla: durante años el Estado ha gastado más de lo que ingresaba y esa diferencia se acumula en una deuda que condiciona a quienes gobiernen mañana. Un país puede endeudarse ante circunstancias excepcionales o para inversiones capaces de generar riqueza futura. Más preocupante resulta acostumbrarse al déficit para sostener compromisos presentes trasladando su coste a las generaciones siguientes. La Constitución exige eficiencia y economía en el gasto público. Recuperar ese principio obligará a establecer prioridades, eliminar gastos innecesarios y evaluar mejor el destino del dinero público. Administrar mejor será en los próximos años tan importante como disponer de más recursos.
Todos estos problemas comparten una característica: sus tiempos de reparación son distintos. Las leyes pueden modificarse durante una legislatura; la vivienda, las infraestructuras o la energía necesitan años; recuperar productividad exige continuidad y restaurar la confianza social en las instituciones puede necesitar todavía más. Ahí se encuentra una parte esencial de la herencia del Sanchismo. Algunas decisiones podrán corregirse de inmediato y otras habrán creado situaciones jurídicas, económicas o sociales que deberán modificarse gradualmente. Gobernar después de Sánchez exigirá algo más que recorrer en dirección contraria el camino realizado. Habrá que conservar aquello que funcione, corregir lo que haya fracasado y reconstruir lo que haya perdido credibilidad.
España dispone de recursos, empresas, profesionales, infraestructuras y una posición internacional que permiten afrontar esa tarea sin dramatismos. La reconstrucción debería apoyarse en principios elementales: separación y respeto de los poderes, seguridad jurídica, Administración profesional, estabilidad normativa, libertad de empresa, propiedad privada, disciplina presupuestaria, protección de los sectores estratégicos y defensa del interés nacional. Son principios liberales, constitucionales y compatibles con una sociedad moderna y solidaria.
El Gobierno de Pedro Sánchez dejará heridas que requieren cicatrizar. Analizarlas con serenidad será más útil que olvidarlas y exigirá, sobre todo, una voluntad política decidida a no dejar las cosas como están.