La fiscal general, Teresa Peramato, ha comparecido hoy por primera vez en la Comisión de Justicia del Senado a petición del Grupo Popular, para explicar su política de nombramientos, así como las reuniones que mantuvieron responsables de la Fiscalía con Leire Díez. 

Peramato ha apuntado que los nombramientos de cargos fiscales -criticado por la mayoritaria Asociación de Fiscales- que ella ha propuesto al Ejecutivo se han basado "en el mérito, capacidad y adecuación al puesto". "En las decisiones adoptadas desde el inicio de mi mandato he querido situar en el centro del proceso selectivo el análisis objetivo, la trayectoria profesional, la experiencia acreditada y los proyectos de actuación presentados por los candidatos". Es decir, que según Peramato, "he considerado el criterio del Consejo Fiscal". 

La Fiscal General del Estado también ha negado que exista "un régimen de control cuasi político" de la institución. "Ello responde al diseño constitucional de la institución, que no forma parte del poder Ejecutivo, no se integra en una relación de confianza parlamentaria". Ha recordado que la Comisión de Venecia "ha alertado de que el escrutinio parlamentario de las oficinas fiscales puede implicar un riesgo de politización o, al menos, de transmitir esa apariencia". Ha defendido su política de nombramientos. "No ha habido ninguna purga, todos los cargos son por cinco años y se someten a renovación o no. Esto está dentro de la normalidad". 

"Se ha dicho que la Fiscalía está al servicio de una trama criminal. Eso es una falta de respeto absoluto. Los fiscales trabajamos con respeto absoluto a la legalidad. Esa expresión significa poner el trabajo de los fiscales a los pies de los caballos", ha añadido la Fiscal General del Estado, que también ha pedido "respeto al Poder Judicial, a los jueces y magistrados en todas sus resoluciones". 

Peramato se ha escudado, "respecto a los procedimientos penales que están en curso, sean Plus Ultra o Leire", en que "esta fiscal general, o cualquier fiscal, estamos obligados a respetar la reserva del sumario que está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No puedo hacer ninguna observación ni comentario". "No es ésta ni la sede ni el momento de hacer ningún tipo de observación". 

A la Fiscal General del Estado le ha respondido la senadora del PP María José Pardo, quien ha acusado a la Fiscalía General el Estado de "seguir actuando como abogado defensor del sanchismo".

"Lejos de perseguir delitos, la Fiscalía abrió las puertas de su sede de par en par a las cloacas del PSOE, a una presunta organización criminal, unas cloacas creadas para destruir a jueces y fiscales, para desestabilizar procedimientos judiciales o actuaciones policiales que afectan a los intereses del PSOE y del Gobierno", ha señalado Pardo. 

La senadora del PP ha reprochado a la fiscal general del Estado que "ha guardado un silencio que, de no ser revertido, la convertirá en cómplice de las cloacas".

Por su parte, la senadora de Vox Paloma Gómez ha acusado a Peramato de tejer en la Fiscalía "una red de protección al servicio de los intereses del Gobierno"

En relación al caso de las cloacas del PSOE, ha preguntado a la fiscal general: "¿Quién autorizó la entrada de Leire Díez en la Fiscalía General, qué se pactó en esos despachos a espaldas de la ley? ¿Cómo puede estar la Fiscalía al servicio de una organización criminal?". 

La senadora de Vox ha advertido a la fiscal general que "deberá abandonar el cargo si persiste en la opacidad. No ha sido capaz de aclarar la actuación de la Fiscalía con las cloacas socialistas". 

De su lado, el senador del PSOE José María Oleaga ha realizado una bochornosa intervención en defensa de la Fiscalía General del Estado. Ha criticado que derecha y la ultraderecha estén "acusando a la fiscal general de prevaricación en los nombramientos y de corrupción". "Son expresiones intolerables que se dicen aquí por estar amparados por la inviolabilidad parlamentaria". "Son expresiones no ya contrarias a la ley sino a la cortesía".