Se hace cada vez más evidente que la fragmentación autonómica promovida por nuestra Constitución obedeció más a un consenso político entonces entendido como necesario —basado en la lealtad institucional y el deseo de cerrar heridas históricas— que a un verdadero criterio de eficacia en la administración de los recursos nacionales. Aquel modelo nació bajo la presunción de una colaboración permanente entre administraciones; no bajo la sospecha, el cálculo partidista o la competición política constante.

Sin embargo, las últimas tragedias que vienen sacudiendo a España —pandemias, inundaciones, incendios devastadores, colapsos ferroviarios, crisis migratorias, crisis de la vivienda o invasión marroquí— han puesto de manifiesto una realidad inquietante: antes incluso de coordinar soluciones, la política pasa a ocupar el primer plano. Las competencias se convierten entonces en un campo de disputa mientras la ciudadanía contempla, atónita, cómo las distintas administraciones dilatan acuerdos urgentes en medio de la emergencia.

El pueblo no entiende de competencias administrativas, pero sí percibe con claridad la eficacia o la dejación. El ciudadano común no distingue entre gobiernos autonómicos, diputaciones, ministerios o direcciones generales cuando contempla un monte ardiendo, una riada devastando pueblos enteros o compatriotas falleciendo por falta de previsión. En esos momentos solo espera la actuación inmediata del Estado, entendido como la expresión colectiva de la nación organizada.

Nada nuevo bajo el sol en esta vieja tierra mediterránea. Nuestra historia revela de manera recurrente esa tensión entre unidad y fragmentación que parece acompañar secularmente a España. Los pueblos prerromanos —íberos, celtas, turdetanos, ilergetes o sedetanos— raramente actuaron como un bloque político estable. Solo la presencia de una amenaza exterior extraordinaria favoreció alianzas temporales frente a Roma. Derrotados finalmente, surgió de aquel proceso una nueva realidad hispanorromana que acabaría constituyendo uno de los territorios más profundamente romanizados del Imperio. Más tarde, la monarquía visigoda heredó y amplió aquella síntesis, conservando el derecho romano y fusionándolo con elementos jurídicos germánicos. Pero incluso entonces persistieron las rivalidades internas y las tendencias disgregadoras que reaparecerían periódicamente en nuestra historia.

Las últimas tragedias que vienen sacudiendo a España —pandemias, inundaciones, incendios devastadores, colapsos ferroviarios, crisis migratorias, crisis de la vivienda o invasión marroquí— han puesto de manifiesto una realidad inquietante: antes incluso de coordinar soluciones, la política pasa a ocupar el primer plano

El poderoso Califato de Córdoba —probablemente uno de los centros culturales más refinados de la Europa medieval— tampoco escapó a esa dinámica. Su fragmentación en múltiples reinos de taifas debilitó progresivamente su capacidad militar y política frente a los reinos cristianos del norte. Como escribió Claudio Sánchez-Albornoz, «la historia de España es, en gran medida, la lucha entre fuerzas centrífugas y centrípetas». Pocas definiciones resumen mejor nuestra evolución histórica.

La Reconquista, prolongada durante casi ocho siglos, constituye quizá el mejor ejemplo de ello. Veinticinco generaciones combatieron para recuperar la Península mientras alianzas cambiantes, intereses dinásticos, rivalidades y disputas territoriales retrasaban continuamente la consolidación política de los distintos reinos cristianos. La unidad nunca fue inmediata ni sencilla; fue una construcción lenta, compleja y frecuentemente amenazada desde dentro. Y sin embargo, cuando aquella unidad terminó imponiéndose bajo una sola Corona, España alcanzó una dimensión histórica extraordinaria. Surgió entonces el Imperio hispánico, una estructura política y cultural de alcance universal cuya magnitud no se había conocido desde Roma. «España es el problema y Europa la solución», escribió José Ortega y Gasset en una de sus frases más citadas; pero quizá cabría añadir que, durante siglos, España fue también una de las soluciones históricas de Europa frente a la fragmentación, la expansión otomana o el colapso del Mediterráneo cristiano.

Las distintas dinastías mantuvieron concepciones diversas del Estado hasta que la llegada de los Borbones impulsó una centralización más decidida de las competencias fundamentales. Aun así, las pulsiones disgregadoras jamás desaparecieron completamente. Durante la Primera República reaparecieron con fuerza en el fenómeno cantonalista, donde ciudades y regiones proclamaron estructuras casi independientes. La Segunda República tampoco quedó al margen de estas tensiones territoriales. Tras la dictadura, la Transición buscó reconciliar sensibilidades diversas mediante la creación del Estado autonómico. Se asumió entonces que acercar la administración al ciudadano favorecería una gestión más rápida, eficaz y próxima. Y en ciertos ámbitos, así ocurrió inicialmente.

España ha ido acumulando capas administrativas, organismos duplicados y competencias fragmentadas cuya coordinación resulta frecuentemente lenta e ineficaz. Sin embargo, el verdadero problema no es únicamente económico, sino la capacidad real del Estado para responder de forma rápida, coordinada y eficaz ante grandes crisis nacionales

Pero con el paso del tiempo, muchas autonomías dejaron de concebirse únicamente como instrumentos administrativos para convertirse también en estructuras políticas con dinámicas propias de poder, gasto, clientelismo y confrontación identitaria. Las violentas reivindicaciones separatistas vividas durante décadas, especialmente en los llamados años de plomo, y en los posteriores desafíos secesionistas, han demostrado hasta qué punto algunos sectores políticos han utilizado las propias herramientas constitucionales para erosionar la cohesión nacional. Entretanto, España ha ido acumulando capas administrativas, organismos duplicados y competencias fragmentadas cuya coordinación resulta frecuentemente lenta e ineficaz.

Sin embargo, el verdadero problema no es únicamente económico. El enorme coste financiero del sistema ha dejado incluso de ocupar el centro del debate. La preocupación principal de muchos ciudadanos es la capacidad real del Estado para responder de forma rápida, coordinada y eficaz ante grandes crisis nacionales. Y es precisamente en situaciones límite —pandemias, incendios, catástrofes naturales, gestión hidráulica o presión migratoria, e incluso gestión de la red nacional de ferrocarriles y carreteras— donde han quedado expuestas las debilidades de un sistema excesivamente fragmentado. Hemos visto a responsables políticos discutir sobre competencias mientras los afectados aguardaban ayudas, reconstrucciones o soluciones que tardaban meses y todavía hay muchas pendientes en llegar.

España no puede permitirse unas nuevas taifas políticas revestidas de constitucionalidad pero desprovistas del sentido profundo de lealtad nacional que hizo posible la Transición. Porque la descentralización solo funciona cuando existe un proyecto común superior que todos aceptan preservar. Y conviene recordarlo: las taifas históricas no cayeron únicamente por la presión exterior, sino también porque fueron incapaces de comprender que la fragmentación permanente termina debilitando incluso a quienes creen beneficiarse de ella. Entretanto, ministros del Gobierno aprovechan para tuitear y derramar su odio a las regiones autonómicas del PP, que son la mayoría.