El pasado 18 de noviembre de 2025, el Gobierno aprobó el 'Catálogo estatal de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática', por medio del Real Decreto 1040/2025.
El Gobierno justificó el Catálogo estatal de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática en el artículo 35.1 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, por el que se consideran contrarios a la memoria democrática “las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial”.
Contra ese Real Decreto 1040/2025, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha interpuesto una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, denunciando que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha impulsado esta norma mediante un procedimiento viciado, a través de una consulta pública realizada en periodo inhábil, en pleno mes de agosto (entre los días 5 y el 19), lo que impidió una participación ciudadana real y efectiva".
Además, la organización critica la declaración injustificada de urgencia acordada por el Consejo de Ministros, que redujo plazos esenciales y limitó el debate público, sin acreditar circunstancias extraordinarias que lo justificaran. Y subraya el riesgo de que esta norma permita la "catalogación y eliminación de símbolos cristianos, como cruces en espacios públicos o monumentos históricos, bajo interpretaciones ideológicas que vulneran la libertad religiosa y ponen en peligro el patrimonio cultural”.
Por otra parte, la demanda de Abogados Cristianos ante el Supremo advierte también de un "grave conflicto competencial, ya que varias Comunidades Autónomas, como Madrid y Castilla y León, alertaron de que el decreto invade competencias exclusivas en materia de patrimonio histórico y otorga al Estado un monopolio en la retirada de símbolos".
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, subraya que: “El gobierno de Pedro Sánchez pretende eliminar cualquier elemento que refleje que España es cristiana. No podemos permitir que se utilice la memoria como excusa para derribar cruces y eliminar símbolos religiosos por pura ideología política. La historia de España no se puede reescribir a golpe de decreto”.