El último informe entregado por la UCO al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que instruye el ‘caso Koldo’, sitúa a Ángel Víctor Torres en una posición comprometida desde el punto de vista judicial. Primero negó conocer a Koldo, luego tuvo que admitir que tuvo “contactos” con él y ahora la Guardia Civil le sitúa en la trama de las mascarillas.
Tal era el vínculo del entonces presidente de Canarias con el asesor de Ábalos que instó a su gobierno -verano de 2020, en plena pandemia- para que pagara a la empresa Soluciones de Gestión, a la que se le habrían adjudicado contratos de mascarillas de forma irregular. “Estoy encima de tu pago”, le escribió Torres a Koldo, tras reclamarle este último, pagos pendientes.
Hablamos, según la investigación, de un total de 12,3 millones de euros que el gobierno canario pagó a Soluciones de Gestión en cuatro contratos, por unas mascarillas cuya calidad era más que cuestionable y no era, en ningún caso, la prometida.
Esto es sólo el principio, porque el informe tiene más de 300 páginas. De momento, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática aseguró este lunes, nada más difundirse su vinculación con el ‘caso Koldo’, que el informe de la UCO afirma, precisamente, que “actuó correctamente” y que no existe ilegalidad alguna.
El PP, por su parte, ha exigido la dimisión de Torres, “por haber sido conseguidor de dinero para una trama corrupta”. Tranquilos, Ángel Víctor Torres no dimitirá aunque las pruebas contra él sean contundentes.