El pasado 26 de junio, agentes de la UCO se personaron en la vivienda de Isabel Pardo de Vera por orden del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, encargado del caso Koldo. Y es que en mayo, Pardo de Vera fue imputada por malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró la vivienda. Los agentes copiaron documentos de Adif, la cuenta del correo electrónico y la carpeta de Dropbox de Pardo de Vera, así como el chat de WhatsApp con su marido. Aún están analizando todo lo encontrado, pero obtuvieron evidencias digitales.
Entre ellas, un documento relativo al suministro de cinco millones de mascarillas. Tras el hallazgo, la Audiencia Nacional ha ampliado el catálogo de delitos de Pardo de Vera, añadiendo cohecho, prevaricación y organización criminal a los ya investigados de malversación y tráfico de influencias, lo que eleva a cinco los delitos imputados a la expresidenta de Adif.
Recordemos que el presidente de Tragsa, Jesús Casas, puso en el disparadero hace una semanas a Pardo de Vera. La empresa contrató a la amiga íntima del exministro José Luis Ábalos, y en su declaración en la comisión en el Senado sobre el caso Koldo, Casas aseguró que tanto Tragsa como Tragsec recibieron correos de Adif presionando para que "no atosiguen a la sobrina del ministro" para ir a trabajar. Además, confirmó que Jésica era conocida como la sobrina de Ábalos en Adif, haciendo a Pardo de Vera cómplice de su contratación. Problemas que se suman a las declaraciones del director de Tragsatec, Juan Pablo González, en el Senado donde aceptó que Jésica fue contratada como adscrita a la Presidencia de Adif.
En cualquier caso, la Justicia parece empeñada en desmentir al Gobierno: sí hay caso.