Manuel García-Castellón fue un juez de la Audiencia Nacional, ya jubilado, en septiembre de 2024, con 71 años.
Estando en activo, se encargó del caso 'Tsunami Democratic', por el que el fugitivo de la justicia española, Carles Puigdemont, fue investigado por supuestamente haber participado en un delito de terrorismo por su relación con los incidentes que protagonizó en Cataluña la plataforma 'Tsunami Democrátic', en 2019 (entre otras cosas, el asalto al aeropuerto de El Prat), al rebelarse contra la sentencia del Supremo que condenó a los políticos independentistas del 1-O.
Sin embargo, este caso fue finalmente archivado por la propia Audiencia Nacional al haber dictado el magistrado la prórroga de la causa fuera de plazo. El 9 de julio de 2024, el Tribunal Supremo confirmó el archivo de la causa.
Durante esa instrucción, García-Castellón fue acusado de "corrupto y prevaricador" por la dirigente de Podemos, Ione Belarra. Entonces, el magistrado la denunció ante el Tribunal Supremo, reclamándole 240.000 euros de indemnización.
Tras declararse el Supremo no competente para juzgar este asunto, será el próximo 23 de junio cuando Belarra sea juzgada por el Juzgado de Primera Instancia número 45 de Madrid.