La campaña gubernamental de acoso contra el juez Juan Carlos Peinado, el que instruye el caso Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, está alcanzando cotas nunca vistas en la democracia española. 

El principal protagonista de este acoso al juez es el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el ahora 'chico de los recados' de Pedro Sánchez. Pero los demás ministros también están ayudando. 

La actitud del Gobierno se debe a la orden del 'jefe máximo' de intentar desacreditar al magistrado como advertencia a otros jueces. 

Se lo dijo ayer a Bolaños la diputada del PP Esther Muñoz, acusándolo de enviar "un mensaje de miedo al poder judicial". 

La hipocresía de Pedro Sánchez, connatural a su forma de ser, vuelve a aflorar. Recuerden estas palabras suyas: 

En cualquier caso, este furibundo y antidemocrático ataque al juez Peinado está causando un gran malestar en el sector judicial. 

Por ejemplo, según informa hoy Libertad Digital, ante las presiones de Bolaños a la presidenta del CGPJ Isabel Perelló para que sancione al juez Peinado, fuentes del CGPJ apuntan: "Los mensajes de WhatsApp y las cartas que manda Bolaños a Perelló son de un grosero y un maleducado. El ministro está desatado, se cree que el Consejo General del Poder Judicial es un departamento más del Ministerio de Justicia y que la presidenta Perelló es su subordinada. Desde que el nuevo Consejo echó a andar ha intentado manosearlo y se mete en todo. No respeta a los jueces, ni a la presidenta. Le reprocha los nombramientos, sus declaraciones en los medios, hasta le culpa de los problemas en la implantación de la nueva reforma judicial. Sus mensajes son machistas, impresentables e intolerables, de una prepotencia inusitada. Su reacción es desaforada". 

También se ha pronunciado la Asociación Judicial Francisco de Victoria, que ve en la actitud de Bolaños "un ataque directo a la independencia judicial y a la separación de poderes":

Por su parte, la presidenta de la asociacion mayoritaria de jueces APM, María Jesús del Barco, ha realizado las siguientes declaraciones en Telemadrid: 

El asunto de fondo es si un presidente del Gobierno cuya mujer y cuyo hermano están siendo investigados por la justicia por corrupción debería dimitir. 

Recordemos el caso de Portugal, cuyo primer ministro Antonio Costa dimitió porque, aunque a él no le afectaba directamente, se inició una investigación judicial a su entorno de gobierno (incluido su jefe de gabinete). Sus palabras fueron: «Tengo entendido que la dignidad no es compatible con ninguna sospecha (…) La dignidad de las funciones del primer ministro no es compatible con ninguna sospecha sobre su integridad (…) por eso, obviamente, he presentado mi dimisión». 

¿Te enteras, Pedro Sánchez?