Las declaraciones de la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, calificando de "accidente laboral", el reciente fallecimiento de dos guardias civiles cuando perseguían unas narcolanchas han provocado la indignación generalizada de muchos ciudadanos españoles, que están hasta el gorro de la frivolidad y la falta de empatía con la que el Gobierno sanchista tratan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Esas declaraciones suyas en el debate, de hecho, han opacado este post que puso la propia Montero poco después de conocerse el fallecimiento de los dos guardias civiles:

El sindicato policial JUPOL se ha manifestado así, por medio de su portavoz, Agustín Domínguez

La asociación de la Guardia Civil JUCIL desmintió que se tratase de un accidente:

La Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, ha denunciado también las palabras de Montero: 

Desde el PP, Cuca Gamarra realizaba esta reflexión: 

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Lo cierto es que el Instituto Armado sigue totalmente desprotegido en España frente a los narcotraficantes, como se puso de manifiesto en el asesinato de los dos guardias civiles de Barbate (Cádiz), el 9 de febrero de 2024, cuando su zodiac de apenas 5 metros fue arrollada por una narcolancha de 14 metros de eslora, tripulada por los narcos. 

Cabe recordar que el 10 de noviembre de 2025, una delegación de eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) -que había visitado previamente la zona del suceso- emitía un informe muy crítico con el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska, afeándole el desmantelamiento -en el año 2022- de la unidad policial antidroga OCON-Sur, la unidad de élite policial contra el narco que tan buenos resultados había obtenido, y le instaba a recuperarla

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Además, las asociaciones de la Guardia Civil han denunciado hoy que el proyecto de Real Decreto que se está tramitando sobre la edad de jubilación "reconoce la profesión de riesgo sólo para los policías nacionales".

"El motivo para que el Gobierno excluya a los guardias civiles lo pretenden justificar exclusivamente por su naturaleza militar, pese a que de forma insistente venimos demandando el reconocimiento como profesión de riesgo en igualdad de condiciones que el resto de policías", denuncian los guardias civiles.

"Producido este hecho tan grave, esta ofensa hacia los guardias civiles y la propia Institución, no podíamos seguir participando en el Consejo de la Guardia Civil como si no hubiese pasado nada", señalan en un comunicado.

"Además del abandono del Pleno, anunciamos en unidad de acción que las asociaciones profesionales representativas no participaremos en los próximos grupos de trabajo, comisiones y plenos, hasta ser convocados por la Secretaría de Estado de Seguridad o el Ministro del Interior para la apertura de una mesa de diálogo y alcanzar las mismas condiciones económicas de jubilación que el resto de cuerpos policiales", concluye el escrito.